En Santander, el 24 de febrero, se ha revelado una alarmante interconexión entre el abuso de sustancias y la violencia de género, al señalarse que aproximadamente el 80% de las mujeres que reciben tratamiento por adicciones tienen antecedentes de haber sufrido violencia en sus vidas, así como el 70% de aquellas que enfrentan adicciones no relacionadas con sustancias.

Esta preocupante información fue expuesta por Elisabeth Ortega, vicepresidenta de la Red de Atención de las Adicciones (UNAD), durante la inauguración del seminario titulado 'Mujeres, adicciones y violencia de género: respuestas desde la red UNAD'. Este encuentro reunió a más de un centenar de profesionales de diferentes ámbitos, quienes se concentraron en la búsqueda de soluciones ante la problemática de las adicciones y su relación con la violencia de género.

Ortega enfatizó que se trata de un problema que no puede abordarse de manera aislada, sino que debe entenderse como un fenómeno estructural en el que la violencia y las adicciones están profundamente interrelacionadas. “No puede existir salud sin derechos, y los derechos no pueden ser garantizados si dejamos a las mujeres más vulnerables fuera del sistema”, afirmó, abogando por una atención integral que sea feminista y que busque transformar esta realidad.

Virginia Bezanilla, vocal territorial de UNAD en Cantabria, puntualizó que, en el último año, las entidades de su red en la región atendieron a 730 personas, de las cuales solo el 28% eran mujeres. “La cuestión no radica en que haya menos mujeres con problemas adictivos, sino en que muchas de ellas no acceden a los recursos necesarios. El estigma, las cargas familiares y el miedo son barreras que impiden su búsqueda de ayuda”, subrayó.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, también participó en la inauguración y destacó la importancia de no juzgar a las personas con adicciones, especialmente a las mujeres. “Detrás de estas realidades hay historias llenas de miedo, culpa y violencia. Es esencial explorar estas narrativas para ofrecer el apoyo necesario”, afirmó, insistiendo en que la inclusión y la creación de espacios seguros son prioridades para su administración.

Gómez del Río se comprometió a respaldar y financiar programas que atiendan a mujeres con adicciones que hayan sido víctimas de violencia de género, con el objetivo de forjar una red de apoyo sólida. Por su parte, Zulema Gancedo, concejala de Servicios Sociales, destacó que las políticas públicas deben basarse en la evidencia y el diálogo con las comunidades afectadas.

Gancedo se comprometió a luchar contra el doble estigma que enfrentan estas mujeres, que a menudo las aísla y retrasa su búsqueda de ayuda profesional. “Tenemos una oportunidad para avanzar hacia una mejor coordinación, formar profesionalmente a los encargados de atención y desarrollar protocolos que eviten la revictimización”, indicó.

Durante la jornada, organizada por UNAD con el apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se presentó la 'Guía para la profesionalización de la detección y la respuesta estructural ante violencias sexuales en espacios de ocio'. Este documento propone un enfoque que va más allá de las intervenciones puntuales y se centra en la creación de protocolos estables y la capacitación especializada para identificar y responder a situaciones de riesgo.

Desde la Red, se ha señalado que la violencia que enfrentan muchas mujeres con adicciones trasciende lo privado y se manifiesta también en espacios de ocio, donde es crucial actuar. UNAD busca ampliar su enfoque, no solo en el ámbito asistencial, sino también en la prevención y en la creación de entornos más seguros para todas las mujeres.

Por último, la jornada incluyó un segmento relevante dedicado al fortalecimiento de las Comunidades GPS (Generadoras de Saberes, Participativas y Sociales), una iniciativa innovadora que busca establecer redes provinciales de colaboración para abordar conjuntamente las problemáticas de adicción y violencia de género. Este enfoque se está implementando en ciudades como Salamanca, Murcia, y Vigo, entre otras, y está diseñado para fomentar la cooperación y la coherencia en las intervenciones.