El 8 de enero en Santander, Cantabria, se anunció la promulgación de un nuevo decreto que establece criterios claros para la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, marcando un avance significativo en la inclusión y accesibilidad para este colectivo. Este decreto, que entrará en vigor el próximo 27 de enero, permite que oftalmólogos calificados emitan informes sobre la afectación visual de quienes buscan acceder a la tarjeta, incluso si hasta ahora no habían sido evaluados por los equipos de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO).

Para aquellos afiliados a la ONCE, también se habilita la posibilidad de presentar un certificado del Consejo General de la entidad, siempre que esté respaldado por un examen realizado por un oftalmólogo autorizado. La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, destacó en una conferencia de prensa la necesidad de actualizar la normativa para adaptarla a las necesidades actuales de las personas con movilidad reducida.

El decreto reemplaza un reglamento anterior que databa de 2001 y que se consideraba obsoleto. La nueva regulación no solo incorpora mejoras en el proceso de solicitud, sino que también introduce un modelo de tarjeta común que será reconocido en toda la Unión Europea, facilitando el desplazamiento y la inclusión social de las personas afectadas.

Una de las mejoras más destacadas es la extensión del tiempo de validez de las tarjetas de estacionamiento a diez años para todos los solicitantes, sin distinción de edad, siempre que su movilidad reducida sea permanente. En caso de que la movilidad reducida sea de naturaleza temporal, el periodo de validez se determinará en función de la evaluación individual del caso.

Las tarjetas que se expidan para vehículos de transporte colectivo de personas con movilidad reducida también tendrán una duración de diez años, mientras que las provisionales, especialmente aquellas otorgadas por razones humanitarias, podrán ser válidas por un año, con la opción de prórroga por otro año adicional. Además, el plazo para solicitar la renovación de estas tarjetas se amplía, permitiendo su gestión con seis meses de antelación a la fecha de caducidad.

Gómez del Río enfatizó que las tarjetas emitidas por los municipios de Cantabria tendrán validez a nivel nacional y también en otros países de la Unión Europea, alineándose con las normativas comunitarias. También se aclaró que las tarjetas vigentes antes de la implementación de este nuevo decreto seguirán siendo válidas hasta su fecha de expiración, y los ayuntamientos cuentan con seis meses para ajustar sus regulaciones locales a los nuevos lineamientos.

A partir de ahora, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) será el encargado de aprobar el modelo de tarjeta y de proveerlas a los diferentes ayuntamientos, asegurando un diseño que cumpla con las directrices establecidas por la Unión Europea. Este sistema de tarjetas estará disponible para personas con discapacidad oficialmente reconocida que presenten movilidad reducida, así como para personas con discapacidades visuales severas, vehículos de transporte colectivo, y casos excepcionales que requieran tarjetas provisionales por razones humanitarias debido a condiciones de salud graves.

Desde el inicio de 2020 hasta 2024, Cantabria ha reconocido a un total de 8,387 personas con discapacidad y movilidad reducida, reflejando un compromiso continuo hacia la inclusión y la mejora de la calidad de vida de este grupo en la sociedad.