SANTANDER, 2 de diciembre.

En una reciente sesión celebrada este lunes, el Parlamento de Cantabria ha decidido avanzar con la aprobación del proyecto de ley relacionado con la Autoridad Docente en la comunidad autónoma. Esta iniciativa busca proporcionar a los docentes de la región "mayores garantías" en el ámbito jurídico mientras ejercen su profesión, siendo programada para ser remitida a la Cámara en el año 2025.

La propuesta surgió inicialmente como una proposición no de ley (PNL) impulsada por el partido Vox, aunque durante su discusión se incluyó una enmienda modificativa presentada por el Partido Popular. Esta iniciativa recibió el respaldo de ambos partidos y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE votaron en contra, argumentando que tal legislación no se encuentra entre las prioridades del sector, especialmente en un contexto de conflictos laborales y demandas de adecuaciones salariales.

El diputado de Vox, Armando Blanco, destacó que el propósito fundamental de la propuesta es revitalizar "el prestigio y autoridad del profesorado", lo que incluye mejorar sus condiciones laborales y el respeto que reciben en el aula por parte de los estudiantes.

Blanco también se refirió a preocupantes cifras de un informe elaborado por ANPE, donde se señala que durante el curso 2023-2024, un 13,4% de los docentes atendidos fueron diagnosticados con depresión, y un alarmante 69,9% reportó sufrir de ansiedad, de los cuales un 16,1% tuvo que solicitar una baja laboral por motivos de salud mental.

Respecto a la relación entre los docentes y sus alumnos, se enfatizó que más del 40% de los incidentes registrados están relacionados con conflictos en el aula. Blanco mencionó que del total de docentes que dieron su opinión, un 22% reportó falta de respeto por parte de los alumnos, un 21% se enfrentó a dificultades para dar clase, y un 20% mencionó haber sido objeto de falsas acusaciones. Un pequeño porcentaje también mencionó haber sido amenazado.

En cuanto a los conflictos originados por parte de los padres, los casos más frecuentes incluyeron falsas acusaciones, denuncias, faltas de respeto e incluso, en algunas situaciones, agresiones físicas a los docentes.

El informe presentado indicaba que el 34% de los educadores que recurrieron al defensor del profesor mencionaron haber enfrentado continuas faltas de respeto, mientras que un 20,7% reportó situaciones de acoso y otro 20% problemas al impartir sus clases.

Blanco subrayó la "falta de autoridad" como un elemento crítico que afecta el desarrollo de la labor educativa de los profesores, abogando por la necesidad "urgente" de implementar los cambios necesarios para garantizar a los educadores condiciones laborales justas y dignas.

La propuesta ha encontrado apoyo entre los representantes del Partido Popular, quienes sostienen que la forma más efectiva de proteger a los docentes en la comunidad es asegurando que haya un número suficiente de educadores y que trabajen en condiciones óptimas, a pesar de la disminución del número de alumnos.

El diputado Álvaro Aguirre afirmó que el compromiso del Gobierno regional va encaminado a proporcionar más y mejores recursos al sistema educativo para fomentar un ambiente de convivencia positiva en las aulas. "Nuestro objetivo es actuar con responsabilidad y enfrentar los futuros desafíos con sensatez", declaró Aguirre.

Además, consideró que la aprobación de la Ley de Autoridad Docente sería un "paso significativo" para reforzar el papel de los docentes, mejorar su reconocimiento social, respaldar su autoridad institucional y en última instancia, elevar la calidad de la enseñanza en Cantabria.

No obstante, la diputada del PRC, María Teresa Noceda, apuntó que para realmente empoderar a los docentes, primero es esencial reconocer que están en una situación de conflicto y que se deben apoyar sus justas reivindicaciones salariales.

Noceda también hizo hincapié en la necesidad de mejorar otras condiciones laborales, como la reducción de las ratios en las aulas y el aumento de apoyos tanto materiales como humanos para enfrentar la diversidad que caracteriza a las mismas.

Por su parte, el diputado socialista Jorge Gutiérrez manifestó su escepticismo respecto a la "oportunidad y necesidad" de esta nueva norma, recordando que el valor y reconocimiento de la labor docente ya está contemplado en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que fue modificada recientemente.

Gutiérrez señaló que el profesorado tiene prioridades más urgentes, como la mejora de sus condiciones laborales y salariales, la estabilización de las plantillas y la reducción de las ratios en las aulas, enfatizando que "la autoridad del profesor se gana en el aula, no se impone a través de una ley".

Finalmente, el diputado dejó claro que las variadas reivindicaciones del colectivo docente son numerosas y que, en el contexto actual, la Ley de Autoridad Docente no figura entre sus principales demandas.