El 9 de febrero en Santander, un nuevo impulso legislativo surge en el Parlamento de Cantabria gracias a Vox, respaldado por PRC y PSOE. Este grupo ha solicitado al Gobierno regional, dirigido por el Partido Popular, que elabore de inmediato un informe financiero sobre las diferentes alternativas de financiación para la construcción de la carretera que conectará Requejada y Suances. La propuesta del Ejecutivo actual consiste en abonar esta obra a lo largo de 26 años, con un desembolso total que asciende a 187,8 millones de euros, distribución que incluye 87 millones para la ejecución de la obra, 84 millones para intereses, y el resto destinado a mantenimiento, todo bajo un esquema de colaboración público-privada.

Durante la sesión plenaria del lunes, se aprobó una Proposición No de Ley (PNL) que exige un análisis financiero comparativo que contemple un plan de financiación plurianual, financiado a partir de los Presupuestos Regionales de Cantabria, tanto para el proyecto como para la implementación de la infraestructura. Además, se solicita que se incluya una estimación de los costes de mantenimiento asociados.

La iniciativa del Vox, acompañado por PSOE y PRC, subraya la importancia de esta conexión como un "eje vertebrador" para la economía regional. Por eso, se pide que se amplíe el trazado hasta llegar a la playa de Suances, con el fin de mitigar los problemas de congestión vehicular que actualmente afectan la zona. Se espera que un estudio técnico y financiero sobre esta ampliación sea presentado al Parlamento de Cantabria antes de avanzar hacia la fase de licitación definitiva.

Armando Blanco, diputado de Vox, ha defendido con pasión esta propuesta, argumentando que la cantidad de intereses proyectada es "excesiva". Critica que el método de financiación seleccionado por el PP es el más gravoso posible, convirtiéndose en una carga económica que podría comprometer a Cantabria durante las próximas siete legislaturas, como ha señalado con preocupación.

Asimismo, Blanco ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno regional, que no ha proporcionado la información solicitada previamente, en mayo de 2025, cuando Vox, PSOE y PRC aprobaron otra propuesta similar. Ha cuestionado la capacidad del consejero de Fomento, Roberto Media, argumentando que parece "no querer, no saber o no poder dar una respuesta".

Desde las filas del PSOE, Jorge Gutiérrez ha sostenido que es fundamental que el Parlamento "conozca, discuta y supervise" obras de gran envergadura como esta, que afectarán el presupuesto regional por décadas. Subrayó que la modernización de Cantabria no debe realizarse a costa de hipotecar su futuro, sino que debe gestionarse con eficiencia y responsabilidad en el presente.

En cuanto a la carretera y la propuesta de extensión hasta la playa, Gutiérrez ha enfatizado que cualquier decisión debe estar respaldada por estudios técnicos y de movilidad serios, y no por decisiones impulsivas. Defendió la necesidad de llevar a cabo proyectos "bien planificados y sin trampas financieras".

El PRC, representado por Pedro Hernando, ha manifestado la relevancia de esta infraestructura como una inversión a futuro, aunque ha expresado su escepticismo respecto al dramático aumento de costes, que ha pasado de 44 millones en abril a 187 millones en noviembre. Según Hernando, "no es solo un tema de inflación o informes técnicos, sino de la metodologías de financiación elegidas".

El mantenimiento de las carreteras en la región, según Hernando, conlleva un gasto de 12.000 euros por kilómetro al año. Esta cifra, aplicada a los ocho kilómetros del trazado Requejada-Suances, podría situar el coste total de la obra y su mantenimiento durante 26 años en "100 millones de euros", en comparación con los 187,8 millones planteados, definiendo este exceso como "un sobrecoste artificial resultado de decisiones políticas".

Por otro lado, el portavoz del PP, Juanjo Alonso, ha criticado que el verdadero propósito detrás de esta PNL y la postura de Vox es "sabotear" la acción del Gobierno. Ha percibido en las intervenciones de la oposición un temor subyacente a que el Gobierno cumpla con su compromiso de realizar obras importantes, lo que interpretan como un intento de desgastar y bloquear al Ejecutivo.

Alonso ha defendido la colaboración público-privada como una fórmula "legal y completamente normalizada", citando como ejemplo el caso del Hospital Valdecilla. A su juicio, la decisión del Gobierno es política y audaz, comprometida con el bienestar de los ciudadanos de la comarca, y ha lamentado que otros partidos no se hayan involucrado en el período de información pública.