En una reciente sesión del Pleno del Ayuntamiento de Santander, se ha llevado a cabo la votación sobre la actualización de las tasas de agua y alcantarillado, la cual fue respaldada por el equipo de Gobierno del Partido Popular (PP). A pesar de la oposición de 27 asociaciones de vecinos que denunciaron la legalidad de esta medida, el resultado fue la aprobación de la propuesta. La alcaldesa, Gema Igual, defendió la decisión al afirmar que la concesionaria del servicio, Aqualia, no presenta un desequilibrio financiero, argumentando que no hay evidencia que respalde esa afirmación.

Las alegaciones de los vecinos fueron desestimadas, lo que generó un gran descontento. Ramón Carrancio, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudad de Santander y Cantabria, expuso que Aqualia ha obtenido beneficios superiores a tres millones de euros, lo que contradice la justificación del PP para la actualización de tasas, aduciendo que no hay ruptura del equilibrio económico-financiero. Este contexto ha llevado a que la oposición, compuesta por PSOE, PRC e IU, se manifieste en contra de la medida, destacando el aumento del 16% en las tasas durante los últimos tres años.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, criticó fuertemente al PP, señalando que parece que el dinero termina en los bolsillos de Aqualia más que en los de los santanderinos. Agregó que este es un claro ejemplo de la privatización de un servicio municipal, el cual, a su parecer, debería estar más centrado en beneficiar a la ciudadanía que a una empresa privada. En la misma línea, Felipe Piña, del PRC, advirtió que este asunto representa otro desorden administrativo similar a problemas previos relacionados con la gestión de residuos y espacios públicos.

El concejal de IU, Keruin Martínez, se manifestó en contra de la actualización de tarifas, considerando que esta repercutirá negativamente en la economía de todos los ciudadanos de Santander. Desde el PP, el concejal de Economía, Javier García, justificó la acción como necesaria para cumplir con el contrato existente, subrayando que las decisiones tomadas son estrictamente técnicas y legales, sin intenciones políticas de por medio.

En términos de impacto económico para los ciudadanos, García explicó que los aumentos en las tarifas se traducirían en un incremento mínimo de entre 32 y 34 céntimos mensuales, dependiendo del consumo. Además, el Pleno dio paso a la revisión de las tarifas de taxi para el 2025 con una votación donde PP y PSOE se alinearon, mientras que el PRC se abstuvo. Los presupuestos municipales para 2025, que alcanzan los 253,5 millones de euros, también fueron aprobados sin alegaciones.

En otro punto del Pleno, se rechazó una propuesta del PSOE para instar la creación de un concurso de ideas sobre nuevos usos del edificio REMA, lo que generó un debate sobre el futuro de esta infraestructura. La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, destacó la intención de acondicionar las playas de la ciudad, pero advirtió que el edificio está sujeto a normativas que dificultan su transformación. Desde el PRC, Piña criticó que se reabran debates ya superados hace años, sugiriendo que esto es una muestra de la falta de dirección del PP en la reconversión de la infraestructura pública.

La posición de Vox fue clara: rechazan la idea de un concurso de ideas, argumentando que es una pérdida de tiempo y recursos, condicionando la viabilidad del edificio a la decisión de Costas. En respuesta, Fernández del PSOE insistió en que los acuerdos pueden cambiar realidades y solicitó que se retomen los diálogos entre el Ministerio y el Ayuntamiento sobre el destino del REMA.

Por otro lado, el PSOE propuso la creación de una nueva línea de transporte público, que fue denegada, a pesar del apoyo de PRC e IU, viendo en esta propuesta una oportunidad para mejorar la movilidad en la ciudad. Sin embargo, el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, criticó que la propuesta no especifica claramente su alcance y utilidades, lo cual podría desvirtuar el objetivo.

Finalmente, el Pleno aprobó una moción del PRC para un estudio en la rotonda de Nueva Montaña, reflejando una necesidad de mejorar la situación del tráfico en la zona. Asimismo, se adoptó una iniciativa conjunta entre PP, PSOE, PRC e IU para solicitar al Gobierno de España medidas de recuperación para las áreas afectadas por la DANA, aunque Vox se mostró reacio al considerar que las propuestas eran insuficientes. Este conjunto de decisiones y debates muestra el entramado político de la ciudad y cómo cada partido se posiciona en temas tan relevantes como la gestión de servicios públicos y la infraestructura local.