Propietarios del camping de Ajo, culpables de infracciones urbanísticas.

En una reciente decisión judicial, los cuatro dueños del Camping Las Arenas ubicado en Ajo, Cantabria, han recibido una condena de año y medio de prisión por continuar infringiendo leyes de ordenación del territorio y urbanismo. No obstante, debido a que no tienen antecedentes penales, no deberán cumplir con la cárcel de manera efectiva.

La suspensión de esta pena está sujeta a la condición de que no cometan nuevos delitos en un período de tres años. Además de la pena de cárcel, los propietarios deberán abonar una multa de 3.600 euros y llevar a cabo la demolición de las obras construidas sin autorización, restituyendo el terreno a su estado original, así como cubrir las costas judiciales correspondientes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, también contempla que los campistas afectados pueden ejercer acciones civiles, lo que les brindaría la posibilidad de demandar por daños y perjuicios e instar la ejecución de la pena en caso de que los propietarios incumplan con lo ordenado.

El fallo ha sido emitido por la jueza del Tribunal de Instancia de Santander, tras una audiencia de conformidad que tuvo lugar el 20 de marzo donde tanto la Fiscalía como los acusados manifestaron su intención de no apelar y reconocieron su culpabilidad, lo que facilitó una reducción en las penas solicitadas.

Un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria había decretado, a comienzo de 2025, el cierre y la demolición de parte de este camping, al considerar que se encuentra en un terreno "ilegal". En el lugar residen numerosas familias, en su mayoría del País Vasco, quienes alegaron no haber tenido conocimiento de esta situación irregular en el momento de adquirir sus viviendas móviles.

Ante esta situación, la Asociación de Campistas-Fijos de Las Arenas, que representa a más de un centenar de familias, decidió presentar una demanda por estafa contra los propietarios, quienes, según denuncian, ocultaron la situación de ilegalidad en el momento de la venta de los 'mobil homes' y en los pagos anuales por las parcelas. Este asunto ha generado un clima de movilización y protesta entre los afectados.

Tras la implicación del TSJC, el Ayuntamiento de Bareyo ha tomado medidas drásticas al cortar el suministro de agua y electricidad a las secciones del camping que fueron condenadas. Desde la asociación de campistas han calificado la sentencia como un avance positivo, a pesar de la atenuación de las penas, subrayando que el reconocimiento de la culpa por parte de los propietarios refuerza su postura.

Aseguran, además, que mantendrán vigilancia sobre el cumplimiento efectivo de la sentencia, y si se notifica un uso continuo y ilegal de las parcelas, se activará la fase de ejecución judicial para garantizar que se cumpla a cabalidad la resolución. Asimismo, están a la espera de que se acepte la denuncia por estafa presentada en febrero del año pasado en el Juzgado de Santoña, ya que, de resultar en nuevas condenas, estas podrían agravar la situación penal de los responsables.