Este 18 de noviembre, en Santander, la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico ha anunciado una manifestación programada para el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas. La movilización tiene como objetivo protestar tanto contra la instalación de un McDonald’s en el mercado como contra la reciente ordenanza que exigía la eliminación de una pancarta, criticando el tono autoritario del concejal de Comercio, Álvaro Lavín, y la carencia de disposición al diálogo por parte de las autoridades.

La Comisión ha expresado su intención de impugnar la decisión de retirar la pancarta, que consideran una acción "injusta e intimidatoria", socavando la convivencia democrática. En un comunicado, el grupo subrayó la importancia de defender la identidad de Puertochico frente a un modelo de ciudad que prioriza los intereses privados sobre la tradición y el comercio local.

La ruta de la manifestación abarcará desde la rotonda de La Sardinera, junto al túnel, hasta la Plaza de Puertochico, recibiendo el apoyo de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) y la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, quienes destacan que ahora es el momento de avanzar hacia un cambio significativo.

En su declaración, la Comisión ha enfatizado que la lucha no solo es por un mercado, sino por la esencia misma de Puertochico, resaltando la necesidad de un barrio dinámico y con vida, y no un simple escaparate al servicio de unos pocos.

Respecto a la pancarta retirada, el movimiento ha criticado la decisión del Ayuntamiento de eliminar el mensaje que decía: "Gema, de mercado de barrio a preafter no da igual", considerándolo un acto de censura que atenta contra la libertad de expresión, incluso en espacios de propiedad privada. Acusan a la alcaldía de actuar como si esta acción fuera una grave infracción urbanística, basándose en un hastío informe técnico que facilitó la imposición de la normativa de publicidad.

Desde la Comisión, se ha denunciado que la respuesta del servicio de Disciplina Urbanística y la actitud del Ayuntamiento constituyen un uso desmedido de la normativa con el propósito de acallar una crítica legítima. La reunión reciente con Lavín fue calificada de "decepcionante", destacando que el concejal se limitó a defender una postura rígida sin ofrecer soluciones concretas o asumir responsabilidades.

Además, han señalado que el enfoque autoritario del concejal refleja el estilo de la alcaldesa, Gema Igual, quien, según la Comisión, no supo explicar las razones por las que la empresa encargada del mercado, Bakia, ha incumplido sus contratos sin repercusiones, extendiendo las obras por más de cinco años cuando el plazo original era de uno.

Por si fuera poco, el colectivo ha afirmado que Bakia es la única favorecida en toda esta situación, ya que paga solo 6.800 euros anuales de canon por la gestión, mientras que podría generar hasta 300.000 euros anuales durante la concesión de 40 años.

Finalmente, la Comisión ha criticado cómo el equipo de Gobierno establece las normas y directrices de los mercados municipales y ha señalado que las "limitaciones técnicas" que alegó el concejal fueron meras excusas para evitar el diálogo, al atribuir la situación exclusivamente a la normativa vigente y al pliego de condiciones.