El pasado 23 de octubre, el Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria hizo un llamado urgente al Pleno del Parlamento para abordar la preocupante cuestión de la "privatización" del programa de detección del cáncer de mama. Este anuncio se produce en medio de una serie de controversias en torno a la decisión de encargar la lectura de mil mamografías al Hospital de Santa Clotilde, un movimiento que ha implicado un desembolso de 216 millones de euros distribuidos en 15 años por parte de la Consejería de Salud.

En una rueda de prensa donde se analizaron los eventos políticos actuales, la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones, dio a conocer que su grupo presentará diversas iniciativas parlamentarias enfocadas en los alarmantes retrasos que están enfrentando las mujeres para recibir los resultados del cribado de cáncer de mama. Actualmente, estos resultados pueden tardar de 30 a 40 días y, en algunas ocasiones, hasta dos meses, una situación que consideran inaceptable.

Quiñones enfatizó la importancia crítica de asegurar que un servicio vital como este funcione con eficiencia y sin demoras, expresando su firme deseo de que se eliminen cualquier tipo de retrasos en el proceso.

Adicionalmente, la portavoz subrayó los datos alarmantes proporcionados por la Plataforma por la Sanidad Pública, que indica que cerca de 3.900 mujeres en Cantabria no han recibido un diagnóstico y 1.323 más están a la espera de una mamografía. Según afirmó, su partido ha recibido testimonios de mujeres que experimentan demoras en su diagnóstico que pueden rondar hasta cuatro meses, incluyendo casos de errores en los resultados.

“Nos comprometemos a investigar estos casos y a trabajar en colaboración con ellas para ofrecer apoyo”, aseveró Quiñones, quien no dudó en criticar la gestión del Gobierno regional del PP, sosteniendo que es esencial que se genere confianza y tranquilidad entre las mujeres y se ofrezcan soluciones efectivas que fortalezcan el sistema de salud pública.

En un contexto relacionado, la presidenta de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama, María Antonia Gimón, expresó su descontento con la situación actual de los programas de detección precoz, vigentes en España desde 1990, durante la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama el 19 de octubre. Quiñones respaldó sus declaraciones, argumentando que cualquier retraso podría resultar fatal y criticando la respuesta "poco afortunada" ofrecida por la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien minimizó la gravedad de la situación al comparar a la comunidad autónoma con Andalucía.

Respecto al polémico convenio con el Hospital de Santa Clotilde, Quiñones advirtió que la privatización de la sanidad pública no es una alternativa viable y propuso incentivar a los radiólogos de la sanidad privada para que se integren en el sistema público, buscando así una solución a la precariedad actual.

La portavoz también lamentó la falta de comparecencia del consejero de Salud, César Pascual, que no se ha presentado a dar explicaciones, a diferencia de la consejera de Ganadería, quien sí lo ha hecho para abordar medidas preventivas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa junto a los ganaderos afectados.

En otra línea de acción, Quiñones advirtió que el Gobierno regional no podrá presentar su presupuesto dentro de los plazos estipulados para el 31 de octubre, lo que agrava una situación ya de por sí complicada, dado que Cantabria fue la comunidad que experimentó el menor crecimiento en 2024, con un 2,4%, lejos del 3,5% promedio de España. Las causas citadas para este estancamiento incluyen el deterioro del sector público, recortes y privatizaciones.

Finalmente, la portavoz del PSOE criticó la actitud de la presidenta regional, quien ha amenazado a los alcaldes y alcaldesas en el caso de que no se logre un acuerdo sobre el presupuesto. Además, hizo un llamado al consejero de Educación, Sergio Silva, para que busque un acuerdo con el personal docente y se eviten así las hileras de huelgas y movilizaciones, como la que se prevé para este jueves, donde los docentes volverán a exigir que se respeten sus justas reivindicaciones.