En Santander, el 14 de noviembre, una noticia que resuena en el ámbito judicial es la decisión de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 3, quien ha rechazado la petición de suspensión de la pena de prisión hecha por cuatro empleadas del Hospital de Sierrallana de Torrelavega. Estas trabajadoras fueron condenadas hace dos años por coacciones a sus compañeros, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la protección de las víctimas en el entorno laboral.

A través de cuatro resoluciones emitidas, cada una correspondiente a una de las condenadas, la jueza confirmó que existe un riesgo evidente de reincidencia, dado que las cuatro continúan en sus puestos de trabajo. Según su criterio, esta situación deja desprotegidos a los compañeros que ya habían sido víctimas de las conductas delictivas de estas trabajadoras.

Las condenas fueron severas: tres de las acusadas recibirán cinco años y dos meses de prisión, además de una multa de 14.400 euros, mientras que la cuarta fue sentenciada a tres años y medio de encarcelamiento, junto a la misma multa. En respuesta a esta situación, tres de las trabajadoras han saldado completamente la multa, y la cuarta ha hecho un pago parcial, lo que llevó a sus defensores a solicitar la suspensión de la pena.

No obstante, en su fallo, la magistrada argumentó que no se cumplen los requisitos necesarios para conceder dicha suspensión. Aunque las condenadas no tienen antecedentes penales previos, las penas impuestas exceden significativamente el umbral de dos años fijado por el Código Penal para poder optar a esta medida.

Además, la jueza enfatizó que las condenas son significativas, ya que en cuatro casos superan los cinco años de prisión. Durante su análisis, destacó que las trabajadoras siguen desempeñando sus labores en el mismo departamento donde se produjeron los delitos, lo cual aumenta el riesgo de que puedan repetirse las conductas delictivas.

La magistrada expresó su preocupación al afirmar que no hay un pronóstico favorable de que, si no se enfrentan a una pena de prisión, las acusadas no reincidan en sus acciones delictivas. Recientemente, una de las víctimas se presentó ante el tribunal indicando que había solicitado una orden de alejamiento de las denunciadas, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre el potencial de nuevas infracciones.

Por estas razones, la magistrada concluyó que no resulta recomendable otorgar la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas, poniendo de manifiesto la necesidad de salvaguardar la integridad de las víctimas en este complejo contexto laboral.