En Santander, el 17 de septiembre, se ha resuelto un caso de desalojo que ha durado casi dos años, marcado por impagos de alquiler y servicios básicos. Los propietarios de un piso en Nueva Montaña han recuperado su hogar tras la expulsión de un inquilino, un proceso que se llevó a cabo bajo órdenes judiciales.

El propietario, quien compartió su experiencia con Europa Press, describió una larga batalla legal llena de promesas no cumplidas por parte del inquilino y un proceso judicial que se prolongó mucho más de lo esperado. El lanzamiento se ejecutó a primera hora de la mañana, a las 9:00, y el estado de la vivienda fue lamentable, con suciedad y muebles dañados al momento de la desocupación.

La vivienda fue alquilada inicialmente a un joven matrimonio y al padre del hombre. Aparentemente, la pareja fue presentada como inquilinos solventes por una inmobiliaria, con el esposo actuando como contratista. Al inicio, los pagos eran regulares, con un alquiler mensual de 700 euros por un piso de tres habitaciones, pero tras un cambio en la gestión de los pagos, la situación comenzó a complicarse. El propietario había permitido que el inquilino manejara directamente los pagos de servicios, lo que resultó en múltiples problemas con las compañías de electricidad y gas.

La situación se tornó más crítica cuando el inquilino dejó de abonar los pagos en enero del año pasado. A pesar de los intentos de comunicación y las promesas de pago por parte del arrendatario, el propietario se vio obligado a acudir a un abogado especializado en impagos, quien ayudó a formalizar la denuncia correspondiente.

El propietario manifestó su frustración al ser ignorado por el inquilino, quien llegó a ofrecer pagar en plazos que nunca se concretaron. En un intento por demorar el desalojo, el inquilino incluso intentó usar la situación familiar de su hija como excusa para permanecer en la vivienda aún más, lo que solo aumentó el malestar del propietario.

El arrendador, visiblemente afectado, reveló que la experiencia le ha causado un gran estrés financiero, ya que continúa pagando la hipoteca de su propia residencia y la del piso arrendado, que adquirió como inversión para su futuro. Ha aconsejado a otros propietarios que contraten seguros de impago y tomen medidas para evitar situaciones similares, como dar de baja los suministros antes de alquilar.

Asimismo, criticó la protección que el sistema otorga a los inquilinos, dejando a los arrendadores en situaciones vulnerables. Esta experiencia ha llevado al propietario a contemplar la venta de la propiedad debido a la desazón que siente tras todo lo acontecido.