El 25 de noviembre, el panorama del transporte sanitario no urgente en Cantabria se ve agitado por la reciente decisión de la Consejería de Salud de abrir un expediente de falta muy grave a Diavida, la empresa que gestiona este servicio. El motivo de esta acción es el retraso en el pago de la primera nómina correspondiente al mes de octubre, a lo que Diavida ha respondido argumentando que las dificultades financieras son consecuencia de los daños provocados por la DANA, la Depresión Aislada en Niveles Altos que ha azotado la región.

Esta medida se suma a otro expediente ya en proceso que podría tener repercusiones económicas severas para la empresa, estimándose una penalización de hasta 100.000 euros, cifra que Diavida ha intentado revertir mediante alegaciones formales. Durante los primeros quince días de su mandato, la compañía enfrentó 44 reclamaciones de parte de los usuarios, lo que ha generado un clima de insatisfacción y preocupación sobre el servicio prestado.

A pesar de la gravedad de los expedientes abiertos, el Gobierno regional ha optado por no imponer sanciones inmediatas, priorizando así la estabilidad financiera de Diavida para que pueda cumplir con sus obligaciones salariales hacia los trabajadores. Para mitigar esta crisis, el Ejecutivo ha decidido adelantar pagos a la empresa, dado que Diavida informó sobre complicaciones de tesorería, exacerbadas por los estragos que la DANA causó en sus instalaciones.

En este contexto, el Gobierno ha actuado como mediador entre Diavida y el comité de trabajadores, quienes habían convocado una huelga que iba a iniciar este lunes. Sin embargo, tras lograr un compromiso por parte de la empresa para saldar las nóminas, la huelga ha sido pospuesta hasta el jueves 28, generando expectativas sobre el cumplimiento de dicha promesa.

El consejero de Salud, César Pascual, integrante del Partido Popular, se ha mostrado cauto ante la situación, subrayando que, aunque es imperativo que los empleados reciban sus salarios puntualmente, no existen mecanismos legales que permitan al Gobierno cubrir las nóminas de una empresa privada en crisis.

Pascual abordó el asunto en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación del diputado socialista Raúl Pesquera, quien expresó su sorpresa y descontento por la situación creada en tan solo dos meses de servicio. Pesquera subrayó no solo la falta de pagos, sino también el déficit de técnicos necesarios para acompañar a los pacientes y la falta de condiciones básicas en las instalaciones, señalando que las bases donde se almacenan las ambulancias carecen de higiene, baños y en ocasiones, se reducen a una dotación escasa de sábanas.

El diputado hizo eco de una alarmante sensación de inseguridad en el uso de ambulancias en Cantabria, advirtiendo que la situación podría conducir a un posible rescisión del contrato con Diavida, un extremo que el consejero, sin embargo, descartó categóricamente.

Pascual afirmó que, por el momento, no tiene suficientes fundamentos para prever una rescisión del contrato, al menos en el corto plazo, y expresó su esperanza de que no lleguen a darse las circunstancias que lo requieran. En referencia a las críticas sobre las condiciones de trabajo y los recursos materiales, el consejero puntualizó que, según los pliegos del contrato, el Gobierno no puede intervenir hasta que transcurran 120 días desde el inicio del servicio, aunque se comprometió a monitorizar la actividad de la empresa para identificar las causas de cualquier falta de calidad en el servicio ofrecido.

Por otra parte, la Consejería de Salud mantiene un diálogo constante con los trabajadores para garantizar que sus condiciones laborales no se deterioren y que puedan recibir sus pagos de manera oportuna, evidenciando así la inquietud del Gobierno por respaldar tanto a los empleados como a la estabilidad de un servicio esencial para la ciudadanía.