El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha implementado cambios significativos en el convenio singular firmado con el Hospital de Santa Clotilde. A partir de ahora, si este centro no logra cumplir, al menos, el 80% de los objetivos establecidos en cuanto a actividad y calidad, sufrirá una reducción del 1% en su facturación anual.

Esta modificación se encuentra detallada en la adenda del convenio singular, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial de Cantabria. El acuerdo inicial, que data del 31 de octubre de 2025 y comenzó a regir el 1 de enero de 2026, tiene una duración de 16 años, con opción a una prórroga de cuatro años adicionales y representa un aporte financiero de aproximadamente 16 millones al año para el hospital.

Los criterios para la evaluación incluyen aspectos como la hospitalización, donde se tomarán en cuenta los índices de estancia y complicaciones, así como la actividad quirúrgica, que abarcará tasas de mortalidad y reingresos. También se evaluará la accesibilidad, midiendo el tiempo que tardan los pacientes en recibir tratamiento tras ser derivados.

Como resultado, si Santa Clotilde no alcanza los estándares de desempeño acordados, se verá afectada en su financiación, con un ajuste del 1% relacionado con el grado de cumplimiento de los objetivos. Importantes criterios de calidad han sido introducidos en este renovado marco de colaboración.

Sin embargo, este sistema ha generado preocupaciones en algunas formaciones políticas. Podemos, por ejemplo, ha expresado su inquietud sobre un posible encarecimiento del convenio tras esta modificación. La organización critica que el Gobierno no haya ofrecido una explicación clara sobre el impacto financiero real, lo que consideran una falta de responsabilidad fiscal.

La formación política ha señalado que es difícil de entender cómo, en un contexto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas acerca del convenio, se continúan haciendo ajustes sin una adecuada transparencia. En su opinión, es fundamental que se brinde información sobre el costo real y los controles asociados a estos fondos públicos.

A pesar de aceptar que la nueva adenda trae consigo indicadores de actividad y calidad que pueden ser beneficiosos, Podemos insiste en que la falta de divulgación de informes previos y los criterios para los ajustes de facturación son motivos de preocupación. Este panorama sugiere la posibilidad de que se genere un entorno poco claro, donde los pagos puedan ser incrementados sin una supervisión apropiada.

En este sentido, la formación morada se ha comprometido a remitir este asunto al Tribunal de Cuentas, defendiendo el derecho de la ciudadanía a conocer la naturaleza de los gastos públicos, así como las razones detrás de ellos. Consideran que un convenio de tal magnitud no puede ser manejado sin los adecuados niveles de transparencia.

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha defendido que la adenda presenta sus criterios de calidad y actividad de manera “transparente”, insistiendo en la necesidad de una gestión responsable dentro del ámbito sanitario.