El Ayuntamiento de Santander ha dado un paso significativo al aprobar la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en respuesta a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta iniciativa busca limitar el acceso vehicular en torno a 200.000 metros cuadrados del centro de la ciudad, con la expectativa de recibir financiamiento próximo a dos millones de euros.

Gema Igual, la alcaldesa de Santander y representante del Partido Popular, argumenta que la ciudad "no está contaminada" y que no es su intención imponer prohibiciones. Sin embargo, ha reconocido que la normativa vigente la ha llevado a adoptar la ZBE para evitar perder fondos, reafirmando que "aquí no se pierde ni un euro".

La decisión fue tomada en el pleno municipal, donde solo el equipo de Gobierno apoyó la propuesta, mientras que el PSOE se opuso y tanto Vox, PRC como IU se abstuvieron. Igual declaró que, aunque las áreas en cuestión no presenten altos niveles de contaminación, la Ley obliga la delimitación para poder acceder a recursos para el transporte público.

La alcaldesa también expresó que las restricciones al tráfico son "injustas", pero subrayó la necesidad de implementar la ZBE antes de fin de año para no perder oportunidades de financiamiento. En este sentido, aprovechó para criticar al Gobierno central, compuesto por el PSOE y Sumar, por la presión que ejercen sobre las administraciones locales.

En cuanto a la delimitación de la ZBE, se definieron sectores que comprenden desde la calle Lealtad hasta Puerto Chico, y de El Sol o Santa Lucía hasta el Paseo Pereda. Todo indica que la limitación horaria se establecerá de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. La alcaldesa mencionó que diferentes eventos, como incendios o espectáculos pirotécnicos, pueden alterar los índices de contaminación, lo que complicaría el monitoreo.

Desde la oposición, Daniel Fernández, portavoz del PSOE, criticó la propuesta al considerarla "vacía de contenido" y argumentó que es insuficiente para abordar los desafíos medioambientales actuales. Además, sugirió la necesidad de un proceso participativo que involucre a la ciudadanía en la planificación.

El PSOE ha propuesto un plan más amplio que incluya mejoras en el transporte público, la creación de carriles bici segregados y la reducción del ruido y las emisiones en la ciudad. También han solicitado un análisis de viabilidad para el desarrollo de aparcamientos en altura en solares vacíos, así como un enfoque en la seguridad peatonal.

Por otro lado, Felipe Piña, portavoz del PRC, reiteró la importancia de una gestión adecuada del transporte en la región y exigió el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos relacionada con la vigilancia mediante cámaras. También se mostró contrario a la falta de un programa de evaluación ambiental semestral.

Mientras tanto, Laura Velasco, portavoz de Vox, también desestimó la idea de contaminación en Santander, acusando a la alcaldesa de no defender los intereses de los ciudadanos frente a lo que considera un mandato del Gobierno central. Calificó la ZBE de "estafa pseudoambiental" y abogó por ayudas directas para la adquisición de vehículos.

Finalmente, Keruin Martínez, concejal de IU, advirtió sobre la realidad de la contaminación en Santander, solicitando medidas para proteger a los entornos escolares y hospitalarios, donde los niveles de ruido y contaminación son más marcados. Criticó la falta de un plan integral del Ayuntamiento para salvaguardar la salud de los más jóvenes.