SANTANDER, 27 de noviembre.

La Consejería de Fomento ha abierto un período de consulta pública de 30 días hábiles para el estudio de viabilidad económico-financiera y el anteproyecto de la carretera Requejada-Suances, según lo anunciado en el Boletín Oficial de Cantabria este jueves.

Esta divulgación del estudio es un requisito legal y representa una etapa previa necesaria antes de que la obra pueda ser sometida a licitación, según informaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

Los ciudadanos interesados pueden revisar el anteproyecto en persona en la Dirección General de Obras Públicas o acceder al documento a través del siguiente enlace: https://intercambio.cantabria.es/index.php/s/5ykQaVi2rgy7rdV.

La iniciativa ha suscitado críticas por parte de la oposición, no tanto por el proyecto en sí, sino por la estrategia que el Gobierno ha elegido para llevarlo a cabo. Esta estrategia incluye el modelo concesional de pago máximo por disponibilidad, y el costo total de la obra se estima en 187,8 millones de euros. Esta cifra no solo abarca los costos de diseño y ejecución, sino también 26 años de mantenimiento y conservación, como anunció el consejero del ramo, Roberto Media (PP), en una reciente comisión parlamentaria.

Según el modelo adoptado, el pago comenzará una vez que la infraestructura esté operativa y se espera que alcance los 7,2 millones de euros anuales.

En el estudio sometido a consulta, el Gobierno justifica la elección del modelo concesional de pago máximo por disponibilidad aludiendo a diversas ventajas objetivas que este modelo ofrece frente a otros métodos de contratación.

Entre estas ventajas se menciona la "reducción del riesgo fiscal y financiero para la Administración", ya que la financiación del proyecto no recae exclusivamente en el presupuesto público, permitiendo así liberar recursos para otros proyectos o necesidades. De esta manera, gran parte del riesgo económico asociado a la ejecución del proyecto se transfiere al sector privado.

El informe también señala que este enfoque podría fomentar "mayor eficiencia en la gestión", ya que las empresas concesionarias, al ser responsables de la gestión a largo plazo, tienen incentivos para optimizar costos, mejorar la operación y asegurar el buen estado de la infraestructura, lo que a su vez maximiza sus ingresos durante la concesión.

Otra ventaja destacada es el "traspaso de riesgos" relacionados con la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, ya que son asumidos por las empresas privadas, evitando así que la administración pública soporte imprevistos o problemas durante la vida útil del proyecto.

El Gobierno también subraya que, al ser las concesionarias responsables a largo plazo, están más motivadas para implementar tecnologías innovadoras y métodos que hagan el proyecto más rentable y sostenible.

Además, se argumenta que este sistema favorecerá una "aceleración de los plazos de ejecución". Al comenzar los pagos cuando la infraestructura empieza a funcionar, el concesionario tiene un enfoque especial en cumplir con los tiempos de ejecución manteniendo la calidad del proyecto y garantizando el mantenimiento a lo largo de su vida útil, lo cual puede traducirse en una entrega más rápida al ciudadano.

El estudio enfatiza que optar por un modelo concesional permite capitalizar las ventajas del sector privado, en términos de eficiencia, innovación y capacidad financiera, mientras minimiza los riesgos para las finanzas públicas.

Finalmente, se resalta que la ejecución de esta obra en un plazo de tres años, que es el tiempo proyectado, por parte de la administración con presupuesto ordinario resulta "imposible sin comprometer gravemente otras iniciativas". Por ello, se concluye que recurrir a un modelo concesional es tanto conveniente como necesario.