La controversia en torno a la limpieza y gestión de residuos en Santander ha tomado un giro inesperado. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha notificado al Ayuntamiento que el contrato recientemente adjudicado para la limpieza viaria y la recogida de basuras no podrá entrar en vigor el 1 de enero como se había planeado. Esta decisión se produce a raíz de un recurso presentado por una de las empresas competidoras durante el proceso de licitación.

Fuentes municipales han confirmado que la comunicación del TACRC no se realizó de forma oficial, lo que ha dejado al Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, en una situación de incertidumbre respecto a cuántas empresas han decidido impugnar la resolución. Esta falta de claridad dificulta la planificación de los próximos pasos que el Consistorio deberá tomar.

La UTE Acciona-Oxital, que había sido elegida como la ganadora del contrato con una oferta de 253,8 millones de euros por un periodo de diez años, se enfrenta ahora a la incertidumbre creada por el recurso. Desde la aprobación del expediente, hubo un plazo de 15 días para que otros competidores pudieran presentar impugnaciones, y ahora será el TACRC quien dé respuesta a este nuevo escenario.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha revelado que la empresa PreZero, actual gestora del contrato de emergencia y segunda en la adjudicación del nuevo contrato, ha hecho un llamado al TACRC debido a la ausencia del plan de igualdad en los documentos del pliego, un aspecto que consideran fundamental en el proceso.

Durante una reciente rueda de prensa, Fernández expresó su preocupación por las posibles demoras que este recurso podría acarrear, sugiriendo que el nuevo contrato podría no implementarse hasta 2027. Afirmó que, si no se interponen más recursos, el proceso se extenderá al menos hasta la primavera de 2026, perjudicando aún más la situación de la ciudad.

El líder del PSOE de Santander no escatimó en críticas hacia el actual contrato de emergencia, el cual asegura está lejos de ofrecer un servicio aceptable. Describió la situación de los contenedores como inaceptable, afirmando que la ciudad se ha convertido en un "estercolero" donde la suciedad es visible en todos los barrios.

Además, Fernández subrayó que los costos del contrato de emergencia superan con creces los del anterior, que fue rescindido en 2021, a pesar de que la calidad del servicio permanece en niveles alarmantes. Cuestionó a la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre las razones que llevaron a que un contrato originalmente previsto para durar ocho meses se haya extendido a lo que parece ser un mandato completo de más de cuatro años.

Por último, el portavoz ha pronosticado que, con la implementación de la nueva tasa de basuras, los residentes de Santander se verán obligados a pagar una suma considerable por un servicio que consideran deficiente y que, según sus afirmaciones, no contribuye a mejorar la calidad de vida en la ciudad.