Santander se convertirá en el epicentro de la lucha por la defensa de los servicios públicos este jueves, 30 de octubre, a las 12:00 horas, cuando los sindicatos CSIF, CCOO y UGT organicen una concentración frente a la Delegación del Gobierno. El objetivo de esta movilización es alertar sobre el alarmante “deterioro” que están experimentando los servicios públicos, así como exigir un cambio en la política salarial de los empleados públicos, quienes este año no han visto aumento en sus remuneraciones, junto a la escasez de inversiones en infraestructura.

Las organizaciones sindicales han extendido un llamado a la ciudadanía para que se una a esta manifestación, que también forma parte de un movimiento nacional. Subrayan que la calidad de los servicios públicos es un pilar fundamental del Estado del Bienestar y su preservación es esencial para la sociedad.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Arantxa Cossío, coordinadora del Área Pública de CCOO en Cantabria, junto a Martín Calonge, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Manuel Garay, presidente Autonómico de CSIF Cantabria, confirmaron la convocatoria y hablaron de las serias preocupaciones sobre la situación actual de los servicios públicos.

En un giro adicional a la discusión, los representantes sindicales han expresado su firme oposición al anteproyecto de presupuestos autonómicos para 2026. Aseguran que este documento, que se presentará en una mesa de diálogo social el mismo día de la concentración, no incluye ninguna subida salarial para los empleados públicos, lo que es considerado inaceptable. El Gobierno de Cantabria les presentó las cifras el pasado viernes, lo que ha generado un aura de descontento entre los trabajadores.

Los sindicalistas también hicieron hincapié en que el aumento presupuestado para la Consejería de Educación podría no ser “suficiente” para resolver las tensiones salariales existentes con los docentes, un tema que requiere atención urgente. Finalmente, han demandado al Gobierno de Cantabria que se comprometa a incrementar los salarios de los empleados públicos, al menos, en un 3 por ciento, alineándose con la subida del IPC.