En la ciudad de Santander, la Fiscalía de Cantabria ha presentado un caso inquietante que ha capturado la atención de la comunidad regional. Un hombre se encuentra en el centro de un juicio que dará inicio el próximo martes, en el que enfrenta severas acusaciones de abuso sexual en contra de sus propias hijas, comenzando desde que estas tenían apenas diez años.

Los detalles que ha revelado el Ministerio Público son desgarradores. Se informa que el acusado, en un contexto de abuso de poder por su relación familiar, perpetró agresiones sexuales de manera sistemática contra las dos niñas. Según las acusaciones, los actos de violencia sexual se extendieron hasta la adolescencia, dejando un rastro de trauma y sufrimiento en las víctimas.

Las declaraciones de la hija mayor son particularmente alarmantes. Durante años, desde que tenía diez hasta cumplir dieciocho, fue objeto de maniobras que incluían tocamientos inapropiados y, en ocasiones más graves, penetración digital. La presión psicológica que sufría era abrumadora, ya que el padre la amenazaba y la intimidaba si decidía hablar sobre lo que sucedía.

La situación de la menor también es crítica, con relatos de abuso que comenzaron al cumplir diez años y que se extendieron hasta los trece. Estas revelaciones salieron a la luz gracias a la intervención de su madre, quien, alarmada por los comentarios de su hija pidiendo que el padre la dejara en paz, inició el proceso de denuncia.

La Fiscalía ha calificado los actos del acusado como dos delitos continuados de agresión sexual, por lo que ha solicitado una condena de 25 años de prisión. Además, propone medidas restrictivas que incluyen prohibiciones de acercamiento y comunicación, así como una inhabilitación considerable para ejercer cualquier empleo relacionado con menores.

En términos de compensación, la Fiscalía ha exigido una indemnización total de 30.000 euros, distribuidos en 20.000 para la hija mayor y 10.000 para la menor. Sin embargo, la acusación particular, que representa a las víctimas, ha reforzado sus exigencias, pidiendo el mismo tiempo de encarcelamiento, pero solicitando mayores restricciones de acercamiento y unos 50 años de inhabilitación laboral en relación a menores.

Como parte de las medidas legales, la acusación particular también ha pedido que el acusado sea despojado de la patria potestad de la menor durante un periodo de seis años, además de plantear indemnizaciones más elevadas que superan las propuestas por la Fiscalía.

Este caso ha conmocionado a la comunidad, que observa con expectación el desarrollo del juicio y la búsqueda de justicia para las víctimas de esta terrible situación.