El 25 de enero tuvo lugar un caso preocupante que evidencia la vulnerabilidad de las personas en situaciones económicas desfavorables. La Fiscalía ha presentado cargos contra dos hermanas, quienes están acusadas de defraudar a su tía mediante una compra de propiedades que, a todas luces, no fue realizada de manera justa ni consensuada.

Según el Ministerio Público, la tía de las acusadas se encontraba atrapada en una crisis financiera, lo que la llevó a otorgar un poder a su hermana, madre de las hermanas, para que gestionara la venta de cuatro inmuebles que eran copropiedad. Sin embargo, esta decisión se convirtió en un terreno de explotación familiar.

Los documentos judiciales revelan que la madre vendió las fincas a sus hijas por un monto de solo 22.000 euros, una cantidad que se encuentra considerablemente por debajo del valor real de los terrenos, que se estimó en más de 108.000 euros. Este acto no solo fue irresponsable, sino que se sospecha que estaba diseñado para beneficiarse ilícitamente, asegurando que todas las partes implicadas eran conscientes de la discrepancia en el valor.

La Fiscalía sostiene que la tía no fue informada de la venta antes de que se llevó a cabo, ni por sus sobrinas ni por su hermana. Además, señala que jamás otorgó su consentimiento sobre el precio de venta, lo que agrava aún más la traición familiar en este caso de presunta estafa.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía ha pedido que cada una de las hermanas enfrente dos años de prisión, una multa de 3.600 euros y una indemnización de 86.188 euros para su tía. Por su parte, la acusación particular no se ha quedado atrás y ha solicitado una pena de prisión de tres años, así como una multa superior de 1.080 euros, además de permanecer en la misma línea respecto a la indemnización.

La defensa ha expuesto su versión de los hechos, alegando que la venta fue un acuerdo mutuo entre las propietarias de las fincas, y que las hermanas simplemente actuaron en función de los deseos expresados por su madre. Argumentan que, un año después de la operación, la tía se quejó del impuesto a pagar, mostrando su descontento hacia su hermana por no asumir la responsabilidad del pago.

Adicionalmente, la defensa ha mencionado que la hija de la perjudicada presentó una querella por estafa, alegando que hubo un abuso de confianza y un aprovechamiento del estado de necesidad de la tía, lo que complica aún más la trama familiar y legal.

El juicio correspondiente se llevará a cabo el miércoles 28 de enero a las 10:00 horas en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. La resolución de este caso no solo impactará a la familia directa, sino que también pone de relieve cuestiones más amplias sobre la confianza y la ética en las relaciones familiares.