El 24 de abril, en Santander, la consejera de Ganadería de Cantabria, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, expresaron su confianza ante las acciones legales emprendidas por organizaciones ecologistas relacionadas con la reciente autorización para la caza de 41 lobos en la región. Esta medida surge como parte de un plan de gestión para la especie, después de que el lobo fuera excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En una comunicación enviada a la prensa, la Consejería afirmó que sus responsables se sienten seguros porque están operando dentro del marco legal. Su declaración fue emitida tras la reciente denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción, que alega prevaricación y posibles delitos contra la fauna en relación a esta controvertida decisión.

Desde el departamento gubernamental se sostiene que es esencial llevar a cabo un control poblacional del lobo para asegurar una convivencia armónica con las actividades ganaderas, dado el contexto crítico que enfrentan los ganaderos en sus labores cotidianas, según argumentan.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha manifestado en este sentido tras las acciones judiciales de organismos ecologistas, específicamente por la denuncia presentada ante la Fiscalía de Cantabria, que señala irregularidades en la orden emitida para la reducción de la población de lobos, la cual fue oficializada el 2 de abril y ha comenzado a ejecutarse en áreas como Polaciones y Campoo.

Las críticas apuntan al director de Montes y Biodiversidad, quien supuestamente emitió la resolución de cazar 41 lobos antes de la entrada en vigor de la nueva ley, la Ley 1/2025, que facilitó la salida del lobo del LESPRE. Además, las organizaciones han denunciado que la consejera no ha tomado una decisión sobre el recurso de alzada que fue presentado por ellos, lo que consideran una falta de atención al potencial daño irreversible que podría sufrir esta especie protegida.

Por su parte, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha denunciado también a Serdio ante el ministerio público, acusándolo de prevaricación por la misma resolución. La Fiscalía ha confirmado que está revisando esta denuncia, según han informado a Europa Press.