El debate sobre el convenio para el soterramiento ferroviario en Torrelavega se tomará un respiro, ya que la nueva propuesta presentada por Adif se tomará el tiempo necesario para su análisis.

TORRELAVEGA, 5 Nov. — En una sesión plenaria marcada por decisiones relevantes, el equipo de Gobierno de Torrelavega, compuesto por PRC y PSOE, ha decidido unilateralmente implementar un aumento del 4,8% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta medida implicará que los ciudadanos verán, en promedio, un incremento de un euro en su factura mensual, aunque en el escenario más extremo, esta cantidad podría llegar a ser de cuatro euros.

Además, se ha aprobado un alza del 5% en diversas tasas municipales, exceptuando el suministro de agua y alcantarillado. Entre las áreas afectadas se encuentran los servicios de transporte municipal y las terrazas, que serán gravadas con un incremento que, según el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, no afectará negativamente la economía familiar, al considerarlo un ajuste de “importes realmente poco simbólicos”. En contraste, otros impuestos como el de vehículos o la plusvalía permanecerán inalterados, ya que, en palabras del concejal, han alcanzado su límite máximo.

Por otro lado, el coste del servicio de recogida de basura también sufrirá una modificación, con un aumento estimado de “un euro mensual” que, en cumplimiento de una directiva europea, busca reflejar el costo real del tratamiento de residuos. La oposición ha calificado este ajuste como un “sablazo”, argumentando que representa un encarecimiento del 10%, a lo que el equipo de Gobierno ha respondido remarcando su obligación de cumplir con la ley.

La aprobación de estas modificaciones fiscales fue exclusivamente respaldada por los votos del PRC y el PSOE, aunque la actualización sobre la regulación de la recogida de residuos también recibió el apoyo de Torrelavega Sí, que considera justo que los ciudadanos asuman el costo real de los servicios. No obstante, los grupos opositores enfatizan que la búsqueda de ingresos adicionales no debe hacerse a través del incremento de tributos, sino explorando otras alternativas.

Con la decisión adoptada, se espera que las arcas municipales obtengan un ingreso adicional de aproximadamente 632.000 euros, mientras que la tasa del IBI pasará de un 0,64% a un 0,671%. Frente a las criticas, el concejal de Hacienda ha defendido que, si el objetivo fuera meramente recaudatorio, los aumentos serían mucho más significativos. Sin embargo, la oposición coincidió en la percepción de un “gasto superfluo” por parte del Gobierno, mientras que los servicios públicos que reciben los ciudadanos están en constante deterioro.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas, criticó abiertamente el aumento de impuestos, cuestionando la viabilidad de financiar proyectos en curso, como las reformas del Mercado de Ganados o el Palacio Municipal, dado que los tributos ya están en su punto más alto. En paralelo, Roberto García Corona, de Vox, ha expresado su alarmante preocupación al afirmar que esta tendencia de incremento fiscal “no va a tener fin”, acusando al equipo de Gobierno de malgastar los recursos de los contribuyentes sin que los servicios públicos hayan mejorado.

Desde la perspectiva de IU-Podemos, su concejal Borja Peláez argumentó que la carga recaerá sobre la clase trabajadora, a la vez que denunció la privatización de servicios públicos. Además, pedía una mayor progresividad fiscal, subrayando que “un jubilado o un trabajador pagan lo mismo que una gran empresa”.

A pesar de las críticas, se ha aprobado la actualización de las bonificaciones para los servicios de agua y recogida de residuos, que ahora están asociadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ampliará el acceso a más familias beneficiarias.

En relación a otros puntos tratados en la sesión, se iba a someter a votación el convenio del soterramiento ferroviario, teniendo en cuenta cambios en costos y plazos. Sin embargo, el alcalde, Javier López Estrada, informó que la nueva propuesta de Adif requerirá más tiempo de estudio y no se tomará una decisión hasta el próximo pleno.

Además, se ha alcanzado un consenso unánime para relanzar la segunda fase de rehabilitación de La Lechera, destinada a convertir este espacio en un centro cultural y artístico, después de que el primer intento de licitación fuese declarado desierto. Esta oportunidad ha llevado a la Comisión Mixta entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega a ajustar el proyecto, aumentando los precios en un 10%, elevando el presupuesto destinado de 10 a 11 millones de euros. “El resto del proyecto se mantiene exactamente igual”, aclaró José Luis Urraca, portavoz del PSOE y concejal de Obras.

En un contexto diferente, el PRC-PSOE ha aprobado un modificado presupuestario de 3,95 millones de euros, una decisión que ha encontrado resistencia en la oposición, que cuestiona la capacidad de ejecutar dicho presupuesto en la recta final del año, además de mostrar preocupación por la incertidumbre en ciertas partidas, como los 700.000 euros destinados a la adquisición de suelo para construir viviendas públicas. Desde el equipo de Gobierno, defendieron que este tipo de modificaciones son comunes al final del año para realizar “reajustes” en las partidas, mientras la oposición ha criticado que deberían estar dando prioridad a la aprobación del presupuesto 2025.

Entre los puntos destacados de esta modificación están los 300.000 euros para la construcción de nuevas pistas de skate en Nueva Ciudad, 260.000 euros en subvenciones para el desplazamiento de actividades económicas a locales comerciales, 160.000 euros para mejoras de fachadas, y 233.000 euros para ajustes en contratos de obras ante el aumento de precios en materiales.

Finalmente, en el apartado de mociones, Vox intentó instaurar una moratoria para la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, a la espera del resultado judicial del recurso presentado por la Plataforma Salvar Torrelavega. No obstante, la iniciativa no fue aprobada, recibiendo únicamente el apoyo del PP. La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), contestó que las acciones deben continuar mientras se espera el fallo judicial, asegurando que se pueden avanzar en paralelo hacia la implementación de la Zona de Bajas Emisiones.