Trabajadores de asistencia a domicilio denuncian condiciones laborales precarias en el Parlamento

En Santander, el pasado lunes, un grupo de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Cantabria llevó a cabo una protesta frente al Parlamento regional, buscando visibilizar la crítica situación de precariedad laboral que enfrenta este sector esencial.

Durante la manifestación, las empleadas levantaron pancartas que expresaban mensajes contundentes como 'Por el respeto laboral y la calidad en la atención', 'Salarios dignos equivalen a vidas dignas', 'Sin nuestro esfuerzo, el sistema de dependencia colapsa', además de exigir un 'permiso médico retribuido ya' y manifestar que les 'recortan el sueldo, no la voz'.

Este movimiento surge en respuesta a un incremento en el presupuesto destinado por el Gobierno de Cantabria al SAD para 2026. Sin embargo, las trabajadoras denuncian que esta subida no se traduce en una mejora de sus condiciones laborales, ya que, según afirman, los beneficios van a parar principalmente a las empresas privadas que gestionan el servicio.

Las profesionales resaltan su papel crucial en el sistema, ya que ofrecen atención directa a personas mayores y dependientes, ayudándolas en sus actividades diarias y brindando compañía para combatir la soledad. Sin embargo, lamentan sufrir condiciones laborales que consideran "precarizadas y desfasadas".

Entre sus quejas, mencionan que se ven obligadas a usar sus propios vehículos para realizar sus tareas, recibiendo un reembolso de tan solo 0,18 euros por kilómetro, una cifra que permanece congelada desde el 2008, de acuerdo con el convenio colectivo estatal.

Además, subrayan que el salario base establecido por convenio actual es inferior al Salario Mínimo Interprofesional, viéndose obligadas a recurrir a complementos salariales para alcanzar el mínimo legal.

Las trabajadoras también alertan que, en muchas ocasiones, se les pide realizar tareas de mantenimiento y limpieza en los hogares de los usuarios, lo que desvía el enfoque asistencial del servicio que se prometió.

Ante esta situación, proponen una serie de mejoras que incluyen la actualización del kilometraje a 0,26 euros por kilómetro, la implementación de un nuevo plus de desplazamiento, un adicional por el desgaste de herramientas, y un aumento del salario base hasta equipararse, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional. Además, piden el reconocimiento profesional de los auxiliares como personal sociosanitario, la recuperación de un modelo de gestión pública y la municipalización del servicio, así como el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades laborales.

Asimismo, solicitan una mayor supervisión por parte del Gobierno de Cantabria y las entidades locales sobre las empresas adjudicatarias, asegurando un control efectivo del cumplimiento de los planes de atención individualizados, para garantizar un servicio de calidad centrado en la atención sociosanitaria y evitar el uso indebido de fondos públicos.

Las trabajadoras instan al Gobierno de Cantabria y a todos los grupos políticos del Parlamento regional a no pasar por alto esta crítica situación.

De acuerdo con las auxiliares, alrededor de mil profesionales se dedican a atender a miles de personas mayores y dependientes en Cantabria, señalando que la solución a sus problemas laborales radica en una gestión pública y directa del servicio, alejándose de la intervención de empresas privadas que lucran a costa de la precariedad laboral y la disminución en la calidad de la atención brindada.