Santander, 10 de diciembre. En un contundente giro de los acontecimientos, UGT ha alzado la voz en un comunicado emitido este martes, denunciando que DIAVIDA, la empresa encargada del transporte sanitario programado en el marco del Servicio Cántabro de Salud (SCS), no está honrando el principio de acuerdo establecido el pasado 28 de noviembre, donde estuvo presente la Consejería de Salud. Este acuerdo fue clave para la desconvocatoria de una huelga general indefinida que afectaba a las ambulancias del transporte no urgente.

Gildo Cabañeros, presidente del comité de empresa de DIAVIDA en Cantabria, ha puesto de manifiesto que uno de los compromisos más relevantes incluido en el acuerdo fue el respeto al convenio colectivo. Sin embargo, ha señalado que la empresa está fallando en este aspecto, al no haber hecho efectivo el pago de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre, la cual debería haberse abonado en la primera semana del mes.

El presidente del comité ha expresado su preocupación, afirmando que tiene “constancia” de que DIAVIDA no está cumpliendo con ninguno de los puntos acordados para desconvocar la huelga. A pesar de los reiterados intentos de la representación sindical por obtener la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de dichos acuerdos, la empresa ha eludido proporcionar la información solicitada.

La situación se complica aún más, según ha afirmado Cabañeros, quien ha destacado un incremento en las incidencias del servicio. A la falta de información sobre las bajas laborales y su cobertura se suma una alarmante escasez de personal, especialmente durante los fines de semana, lo que está comenzando a generar una crisis en la atención que ofrecen las ambulancias.

En otro aspecto significativo de la tensión laboral, el Juzgado de lo Social 6 de Santander ha decidido suspender una asamblea de trabajadores convocada por DIAVIDA en su sede de Revilla de Camargo. La decisión judicial, que recuerda la situación vivida durante la huelga del 28 de noviembre, responde a una demanda presentada por UGT para que esta asamblea no se llevara a cabo, otorgando así una medida cautelar a los trabajadores.

El fallo del juzgado aclara que las asambleas de trabajadores no pueden ser convocadas directamente por la empresa. Esta prerrogativa recae únicamente en los delegados de personal, el comité de empresa, o un grupo no inferior al 33% de la plantilla, lo que refuerza la necesidad de que la empresa respete los derechos y el proceso organizativo aplazado ante la falta de voluntad para encontrar soluciones satisfactorias para los empleados del sector.