La Federación de Servicios Públicos de UGT en Cantabria ha manifestado su rechazo a las intenciones del Gobierno regional de vincular la igualdad de derechos del personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con un eventual acuerdo político para la aprobación del presupuesto de 2026. Este hecho ha sido ilustrado por Fernando Carmona, secretario de Sanidad de UGT en la región, en un comunicado reciente.

Carmona ha expresado su preocupación en torno a los comentarios del titular de la Consejería, César Pascual, quien indicó que la aprobación del presupuesto es esencial para evitar la pérdida de 98 millones de euros destinados al área de salud, así como para llevar a cabo inversiones necesarias y otorgar subvenciones. También advirtió que si no se alcanzan acuerdos en el parlamento, se verían afectadas las mejoras retributivas prometidas.

El sindicalista ha criticado lo que considera una manipulación de los derechos laborales para fines políticos, resaltando que la situación es similar a la que enfrenta el ámbito educativo, donde los reclamos salariales de los docentes están siendo utilizados como herramienta de negociación. Según él, el Gobierno está condicionando la recuperación de los derechos de todos los trabajadores del SCS a pactos políticos, en lugar de abordarlos como asuntos laborales esenciales.

Carmona asevera que no es aceptable que cambios que afectan directamente a la igualdad en las condiciones laborales de todo el personal del SCS se pongan en un plano secundario frente a los trámites presupuestarios. Enfatiza que los derechos laborales no deberían estar sujetos a negociaciones políticas ni a las decisiones asociadas a los presupuestos.

Desde su perspectiva, lo apropiado hubiera sido restablecer estos derechos mediante una propuesta legislativa, tal como lo hizo el Grupo Socialista, en lugar de considerarlos un tema negociable dentro de un acuerdo presupuestario. Este planteamiento se refiere específicamente al Complemento de Atención Continuada, que el sindicato exige que se aplique a todas las categorías profesionales del SCS y no solo a médicos de guardia.

Carmona también ha mencionado que el Consejo de Gobierno de Cantabria ha rechazado la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, argumentando que su aprobación generaría un incremento del gasto, sugiriendo que debería procesarse dentro del marco presupuestario de 2026.

No obstante, el Gobierno regional ha decidido incluir de forma unilateral una modificación en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2026, que extiende a todos los trabajadores del SCS un derecho que hasta ahora solo era accesible para médicos que efectúan guardias.

El portavoz de UGT recalca que la demanda en este contexto no se limita a una cuestión económica, sino que se centra en una necesidad de corrección jurídica y laboral, con el fin de establecer un nuevo derecho que asegure la igualdad entre todas las categorías profesionales del personal sanitario, tras la modificación que solo benefició a un grupo específico.

A pesar de que el Gobierno reconoce el doble rasero existente, en lugar de rectificarlo a través de una reforma directa de la Ley 9/2010, ha optado por incluirlo en el ámbito de los trámites presupuestarios, lo que, según el sindicato, no guarda relación con las negociaciones de derechos laborales.

Finalmente, Carmona ha hecho un llamado al Gobierno de Cantabria para que no continúe manipulando los derechos del personal sanitario, afirmando que la igualdad es un principio que debe estar consagrado por ley. Por lo tanto, exige que cualquier medida se tramite como una modificación legislativa independiente, con la participación activa de los agentes sociales, y que no se convierta en un recurso propagandístico ligado a los presupuestos.