Un destacado contingente de 800 agentes garantizará la seguridad este verano en Cantabria.
Las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cantabria han experimentado un aumento del 8,2% desde 2018, alcanzando un total de 1.767 efectivos, según ha informado la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones. Este incremento ha sido impulsado por el Ministerio del Interior y es la mayor cifra registrada en los últimos 11 años.
En la Operación Verano, que se llevará a cabo del 1 de julio al 31 de agosto, participarán 812 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cantabria. Durante este periodo, se intensificará la vigilancia y el control en diversos lugares como vías de comunicación, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas, campings y eventos con alta concentración de personas.
De los agentes participantes, 253 son de la Policía Nacional y 559 de la Guardia Civil. Este aumento de efectivos ha permitido alcanzar una cifra cercana al récord histórico de 1.802 efectivos registrados en 2011. Además, se espera que en los próximos días se incorporen nuevos agentes a sus destinos en Cantabria tras completar su formación en academias.
La delegada Quiñones resaltó que en los últimos cinco años se ha producido un aumento del 8,2% en el número de agentes en Cantabria, gracias a la incorporación de 134 nuevos agentes. Este crecimiento contrasta con la tendencia previa de reducción de efectivos que se había experimentado durante siete años consecutivos, con una pérdida total de 169 agentes entre 2011 y 2017.
Este incremento en las plantillas de las fuerzas de seguridad también se ha producido en el resto de España, llegando a un total de 156.453 agentes, con 74.458 en la Policía Nacional y 81.995 en la Guardia Civil. Esta cifra representa el máximo histórico y supera el récord registrado en diciembre de 2011.
La Operación Verano, diseñada por la Secretaría de Estado de Seguridad, se llevará a cabo no solo en Cantabria, sino también en otras comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia hasta el 31 de agosto, e Illes Balears hasta el 30 de septiembre. El objetivo principal de esta operación es incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas y reducir los riesgos asociados a la actividad delictiva.