El 19 de noviembre, el sindicato USO ha hecho un llamado enérgico para que Santiago Díaz Fraile, director de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), renuncie a su cargo. La solicitud surge tras la condena judicial que obliga al Puerto y a una trabajadora a compensar a un representante sindical por el daño causado por denuncias infundadas de acoso sexual.

La sentencia, proveniente del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander, estipula una indemnización total de 42.500 euros que deberán ser pagados tanto por la trabajadora como por la APS. El fallo critica severamente la actuación de la Autoridad Portuaria, describiendo su comportamiento como 'muy censurable'.

El juez ha señalado que la APS tomó decisiones drásticas, como trasladar al trabajador denunciado a una ubicación a más de dos kilómetros, basándose únicamente en acusaciones sin pruebas ni la oportunidad de defenderse.

Además, la sentencia cuestiona la imposición de una leve sanción de dos meses a la denunciante, destacando que sus alegaciones eran falsas. Los argumentos presentados para justificar esta decisión fueron considerados 'incalificables', incluyendo la idea de que no hubo un daño reputacional suficiente para el trabajador afectado.

Desde USO, se ha calificado la situación como 'extremadamente grave' desde una perspectiva de igualdad de género. Un portavoz del sindicato señaló que una denuncia falsa de acoso no solo perjudica al acusado, sino que también socava la confianza en las mujeres que verdaderamente sufren este tipo de agresiones, debilitando la efectividad de los protocolos de igualdad y creando un retroceso social inaceptable.

El sindicato, a través de un comunicado, ha condenado lo que considera una 'maniobra grotesca' por parte de la APS, sugiriendo que el director ha protegido a la trabajadora a pesar de ser consciente de la seriedad de sus acciones, lo que podría haber supuesto graves consecuencias para el líder sindical de USO en la Autoridad Portuaria.

Arancha Navarro, secretaria de Igualdad de USO en Cantabria, afirmó que estos hechos comprometen la credibilidad de los protocolos diseñados para proteger a las mujeres de situaciones de acoso, creando entornos laborales seguros y desafiando la impunidad patriarcal.

Navarro lamentó la incapacidad de la actual dirección para aplicar estos protocolos de manera justa y equitativa, instando a un trato que respete los derechos fundamentales de todos los involucrados. Ante esta situación, ha exigido la destitución inmediata de Santiago Díaz Fraile por su gestión negligente, pidiendo al presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, que tome medidas al respecto.

Adicionalmente, el sindicato ha solicitado iniciativas internas para reparar el daño ocasionado al trabajador injustamente acusado, así como una formación obligatoria en igualdad para todos los directivos y mandos intermedios de la APS.

La Secretaría de Igualdad de USO reforzó que la lucha por la igualdad debe estar fundamentada en el rigor y la responsabilidad institucional, afirmando que el feminismo no permite la instrumentalización de las denuncias. Defiende que es esencial proteger los protocolos y actuar con la máxima seriedad, ya que las falsas denuncias son incompatibles con los principios del feminismo y la justicia social.