El debate sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santander ha tomado un giro inesperado, pues el grupo municipal Vox ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo en contra de esta iniciativa, calificándola de "injustificada" y alegando que incurrirá en un notable perjuicio para los ciudadanos de la capital cántabra.

La negativa al proyecto fue expuesta por Laura Velasco, portavoz del grupo Vox, quien se dirigió a los medios este lunes para expresar su postura. Según Velasco, no existe ninguna obligación de la Unión Europea que exija la creación de estas zonas, sosteniendo que el mensaje oficial de los partidos gobernantes es erróneo y engañoso.

En su intervención, la portavoz enfatizó que el marco legal europeo no impone prohibiciones permanentes, sino que orienta a los países a desarrollar políticas que mejoren la calidad del aire durante episodios de alta contaminación. “La narrativa de que la UE obliga a establecer Zonas de Bajas Emisiones es simplemente incorrecta”, subrayó Velasco.

Asimismo, la edil recordó que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista respaldaron estas directrices a nivel europeo, que posteriormente se tradujeron en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, norma que ha dado origen a la controvertida ZBE en Santander.

Velasco también hizo hincapié en que el PSOE aprobó la ley, mientras que la postura del Partido Popular al abstenerse de votar fue igualmente problemática, “ya que su silencio permitió la consolidación de esta obligación”, aseguró. A su juicio, la normativa municipal crea sanciones que no eran exigidas por la ley, con multas que podrían alcanzar los 200 euros para quienes no respeten las restricciones de la nueva zona.

La portavoz de Vox insistió en que su partido está comprometido a luchar contra lo que consideran medidas arbitrarias y anunció que seguirán defendiendo los intereses de los santanderinos. “El estudio que acompaña a la ordenanza revela que el 60% de los vehículos en Santander poseen etiquetas A o B, lo que pone en duda la efectividad real de esta regulación”, afirmó Velasco.

Además, criticó a la ZBE como un “engaño ambiental” que afecta desproporcionadamente a las personas con menos recursos económicos y que posee el potencial de dañar gravemente al comercio local y a la hostelería, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Velasco concluyó su intervención lanzando una crítica a la postura del gobierno local, al que acusó de ser pasivo ante lo que considera imposiciones ideológicas de la izquierda. “En Vox no solo afirmamos nuestra oposición, sino que estamos decididos a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias”, sentenció, generando expectativa sobre el desenlace del recurso que han presentado.