La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, Leticia Díaz, ha anunciado el registro de una Proposición de Ley para modificar la Ley 1/2023, referente al reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Esta iniciativa busca establecer una protección integral que atienda las necesidades de quienes han sufrido a causa de la violencia terrorista.

El grupo Vox ha expresado que esta propuesta nace de la identificación de serias carencias en la legislación vigente, destacando la importancia de eliminar los obstáculos burocráticos que impiden a muchas víctimas acceder a la asistencia necesaria. La intención es no solo realizar ajustes técnicos, sino también responder a una Proposición no de Ley que fue aprobada unánimemente en junio de 2025, instando a la acción del Gobierno regional.

Desde Vox se ha puesto de manifiesto que la falta de avance en la implementación de mejoras supone un desdén hacia las necesidades de las víctimas. La portavoz ha señalado que es inconcebible que, tras más de dos años desde la entrada en vigor de la ley, los afectados sigan en la incertidumbre, y que la experiencia acumulada aconseja realizar actualizaciones necesarias.

Leticia Díaz ha subrayado que mientras se demora la respuesta del Gobierno, esta Proposición de Ley tiene como objetivo asegurar un sistema más equitativo y eficiente, reforzando el principio de igualdad entre las diferentes víctimas. Uno de los ejes principales de la reformulación es establecer un porcentaje fijo y claro para las indemnizaciones a otorgar.

La propuesta establece que las indemnizaciones complementarias equivaldrán al 30% de lo que reconoce la legislación estatal para daños personales. Además, se busca incluir a aquellos herederos de víctimas que anteriormente se encontraban desprotegidos, sobre todo aquellos que hayan perdido a seres queridos incapaces como resultado de atentados, así como a las víctimas de amenazas y coacciones.

Otro aspecto destacado de la proposición es la retroactividad de los efectos, que permitirá a los beneficiarios presentar nuevas solicitudes o ratificar las ya denegadas. Se abrirá un periodo extraordinario de seis meses tras la implementación de la reforma, lo que brindará una nueva oportunidad a quienes fueron despojados de sus derechos por vacíos en la legislación anterior.

La reforma también modifica el artículo 33 de la ley actual para asegurar que las convocatorias de ayudas sean permanentes, facilitando su acceso en cada primer trimestre del año. Vox ha insistido en que es fundamental que el Gobierno cántabro también atienda los aspectos de apoyo psicológico y la preservación de la memoria, señalando que el apoyo va más allá del ámbito económico.

Además, la Proposición incluye medidas específicas para proveer asistencia psicológica a víctimas y sus familias, un espacio físico para asociaciones dedicadas a la memoria de las víctimas, y programas educativos en escuelas que fomenten la participación de estos testimonios en actividades de concienciación.

Con esto, Vox busca alinear la legislación cántabra con las mejores prácticas a nivel nacional, abordando las desigualdades y vacíos que afectan a las víctimas a lo largo de los años. Leticia Díaz ha exigido que el Gobierno de Cantabria actúe con la debida diligencia y ajuste sus presupuestos para garantizar el éxito de las medidas propuestas.

Finalizando su declaración, Díaz enfatizó que estas iniciativas no deben verse comofavores, sino como un derecho inalienable que asegure la dignidad y el reconocimiento hacia todas las víctimas del terrorismo, poniendo un alto a la desprotección que han padecido. El compromiso de Vox es firme: garantizar que los derechos adquiridos se traduzcan en realidades efectivas para quienes han sufrido a causa de la violencia terrorista.