MITECO se une a la investigación de El Bocal por el caso de dos funcionarios de Costas.

El 24 de marzo en Santander, la Dirección General de la Costa y el Mar, bajo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha tomado la significativa decisión de unirse a la investigación relacionada con la trágica pérdida de seis jóvenes en El Bocal, un suceso ocurrido el 3 de marzo. Esta acción se produce tras la reciente decisión de la jueza que investiga el caso, quien ha designado a dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria como investigados, permitiéndoles acceder a la documentación necesaria para el proceso.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, del PSOE, realizó este anuncio en respuesta a preguntas de los medios, justo después de que se conociera que la jueza había imputado al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, y al jefe de Servicio de Proyectos y Obras. Esta imputación está relacionada con su papel en la dirección del proyecto de la senda costera de 2014, el cual incluye la pasarela que se vino abajo.

La magistrada ha determinado que la responsabilidad de garantizar el adecuado mantenimiento de la pasarela, que se hundió en marzo, recae exclusivamente en la administración central. Esto subraya la importancia del papel del MITECO en la supervisión de estas infraestructuras, pues la jueza considera que la obra no ha sido correctamente concluida ni recepcionada por el Ayuntamiento de Santander.

En su resolución, la juez indica que las obras de la senda peatonal, que comprende la mencionada pasarela, siguen sin finalizar. Por ello, recalca que la Demarcación de Costas es la entidad responsable de la conservación de esta y otras obras relacionadas, lo que aumenta la presión sobre las autoridades involucradas.

Durante su intervención, Casares subrayó que se trata de un "auto inicial" y recordó que bajo la administración del Partido Popular en el Gobierno central y en el Ayuntamiento, se tomó la decisión de ejecutar la obra. “Es esencial recordar esto, porque parece que algunos quieren eludir su responsabilidad, a pesar de que las decisiones fueron tomadas bajo su mandato”, comentó.

El delegado del Gobierno manifestó su firme compromiso de apoyar el proceso judicial para esclarecer todos los detalles de la tragedia, asegurando que se deben investigar todas las responsabilidades, sin importar quiénes sean. "Es fundamental descubrir la verdad hasta el final, por el bien de las familias afectadas y en memoria de las víctimas", enfatizó.

Casares advirtió también que la carga de la responsabilidad no puede recaer únicamente en individuos específicos, como la agente de la Policía Local que no actuó tras recibir un aviso sobre el estado de la pasarela, o en el técnico responsable del diseño. Insistió en que tanto la Demarcación de Costas como el Ayuntamiento de Santander comparten la responsabilidad en este lamentable suceso.

El delegado fue claro en sus declaraciones, refiriéndose a que la responsabilidad abarca a ambas administraciones y rechazando el intento de algunos de desviar la culpa. Asimismo, indicó que corresponderá a la justicia, al concluir el proceso judicial, determinar las responsabilidades concretas de cada parte involucrada.

En cuanto al papel del Ayuntamiento, Casares se mostró firme al señalar que es su responsabilidad garantizar la seguridad en el municipio. “Es un aspecto que debe ser comprendido por todos, ya que es de competencia municipal”, puntualizó.

La jueza también destacó que, aunque el mantenimiento de la infraestructura es competencia de Costas, el Ayuntamiento de Santander posee la "potestad de policía administrativa en materia de seguridad". Por lo tanto, si se detecta un riesgo, tiene la obligación de actuar inmediatamente, incluso si la infraestructura en cuestión pertenece a otra administración. Este aspecto es crucial, dado que el Ayuntamiento incluía esa área en rutas turísticas.

Por último, al ser interrogado sobre posibles medidas que el Ministerio pudiera tomar contra los funcionarios de la Demarcación de Costas que están siendo investigados, Casares se mostró cauto y expresó que no tenía información al respecto. “Confío en que el Ministerio evaluará la situación y tomará las decisiones adecuadas en su debido tiempo”, concluyó.