SANTANDER, 25 Sep.

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha valorado de manera positiva la paralización judicial del derribo de 86 viviendas en Argoños. Sin embargo, señalan que esto no debe ser utilizado para prolongar aún más un proceso que lleva décadas y no puede ser una excusa para la inacción de otros.

En este sentido, AMA ha solicitado que las resoluciones del Parlamento de Cantabria, con el fin de brindar una solución definitiva y justa para reparar el daño causado, sean efectivas en un plazo máximo de un año.

La asociación ha expresado su opinión después de que el Gobierno regional anunciara que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha paralizado el derribo de 86 viviendas en Argoños. Estas viviendas incluyen 78 en la urbanización Pueblo del Mar y ocho en La Llana 2. La medida se tomó tras estimar el incidente de inejecución de sentencias presentado por el Ejecutivo, el Ayuntamiento y las respectivas comunidades de propietarios.

AMA ha declarado en un comunicado que los afectados por los derribos respetan las decisiones del tribunal, pero consideran que se debe ser cauteloso al interpretar y apreciar estas decisiones para evitar falsas esperanzas. A pesar de las suspensiones temporales previas dictadas por la justicia hace 15 años, como es el caso de las 244 viviendas de las promociones Pueblo del Mar I y Las Llamas II en Argoños, y El Encinar en Arnuero, la situación de injusticia generada por las administraciones públicas sigue sin resolverse.

A pesar de todo, AMA considera que las resoluciones sobre las 86 viviendas de Argoños son positivas, ya que corrigen la absurda situación de continuar con los derribos de viviendas que podrían ser reconstruidas en base al plan urbanístico vigente. Sin embargo, la asociación espera que estas decisiones no retrasen aún más el proceso.

En este sentido, AMA confía en que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pueda resolver próximamente sobre el fondo de la cuestión judicial. Es decir, determinar si las licencias presentadas y los incidentes de inejecución cumplen con la legalidad vigente, o si es necesario proceder al derribo de las viviendas.

La asociación lleva un cuarto de siglo esperando una decisión definitiva y ya no pueden seguir esperando. Esta misma semana se han registrado tres fallecimientos dentro del colectivo y desde 2005 han sido más de 220.

AMA advierte que dilatar las soluciones hasta que otros órganos judiciales se pronuncien podría significar esperar muchos años más, lo cual solo profundizaría el daño infligido a ciudadanos inocentes. Por tanto, esperan que el Parlamento de Cantabria resuelva este asunto en un plazo máximo de un año y que las palabras de apoyo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Fomento, Roberto Media, sobre la ayuda a las familias, se hagan realidad.

"Desde AMA seguimos insistiendo en la necesidad de brindar soluciones rápidas y evitar malgastar fondos públicos en procesos interminables. Simplemente en las nuevas licencias presentadas ya se ha superado el millón de euros", concluye la asociación.