La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha criticado duramente al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y ha rechazado cualquier posibilidad de amnistía para los independentistas catalanes. En su intervención en el Senado, Buruaga ha asegurado que defenderá los intereses de Cantabria hasta el final y no tolerará ningún tipo de privilegio para unos territorios frente a otros. Además, ha denunciado que la negociación con el independentismo "no augura nada bueno" para la comunidad cántabra.

Buruaga ha advertido que la gobernabilidad de España está en manos del independentismo, que representa solo el 6% de la población española. Considera que esta situación conduce al país a una quiebra territorial, política y económica, forzando el orden constitucional. La presidenta cántabra ha afirmado que Cantabria no aceptará un trato desigual y que ejercerá de freno a la ruptura, la desigualdad y el radicalismo.

En relación a la posible amnistía para los independentistas, Buruaga la considera un fraude, ilegal y una aberración política. Además, cree que esta medida no solucionará el problema catalán, sino que abrirá la puerta a otras concesiones que podrían derivar en la quiebra de la igualdad de los españoles. La presidenta cántabra ha denunciado que la negociación con los independentistas supone aceptar condiciones inasumibles para cualquier demócrata, como amnistías y referéndum de autodeterminación.

Buruaga ha apostado por fortalecer el estado autonómico consagrado en la Constitución, y ha criticado la existencia de regiones de primera y de segunda en España. Considera que esto representa una amenaza al estado autonómico y al bienestar de los ciudadanos. Además, ha pedido abordar la reforma de la financiación autonómica de manera conjunta y ha calificado de gravísimo error hacer un uso partidista del sistema.

En cuanto a Cantabria, la presidenta ha reclamado romper con el aislamiento en materia de infraestructuras, mejorar la gestión de los fondos europeos y revertir la protección del lobo que perjudica la ganadería extensiva. También ha pedido igualdad de trato en los Presupuestos Generales del Estado y una política energética que asegure la competitividad de la industria electro-intensiva de la región.