En Cantabria, los ganaderos han expresado su alivio ante lo que consideran un respiro vital en las próximas extracciones programadas de lobos. Sin embargo, han subrayado la necesidad urgente de revisar las indemnizaciones que reciben por los daños ocasionados por estos animales.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, ha confirmado que la Dirección General de Montes y Biodiversidad está trabajando activamente para determinar cuántos lobos se extraerán y en qué zonas se llevará a cabo esta acción. Las áreas priorizadas incluyen Campoo, el sur de Cantabria y sectores montañosos donde han tenido lugar la mayor parte de los ataques.

Susinos ha asegurado que la resolución definitiva será publicada “inmediatamente” en el Boletín Oficial de Cantabria, coincidiendo con la reciente aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario en el Congreso, que facilita la extracción del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

“Estamos trabajando con datos precisos y criterios técnicos para establecer el cupo y su distribución territorial”, comentó Susinos durante una rueda de prensa, en la que se notó un aire de satisfacción entre los representantes del sector ganadero que consideran que se ha hecho justicia al abordar lo que ellos ven como una “sobreprotección” del lobo.

La consejera destacó que la implementación de esta resolución es inminente, lo que permitirá reactivar el Plan de Gestión del Lobo, vigente desde 2019, que estipula un límite de extracción del 20% de la población estimada, la cual, según un censo de diciembre de 2024, se calcula en unas 200 ejemplares y 23 manadas. Además, ha recordado que el plan contempla la posibilidad de aumentar las extracciones anualmente en caso de ser necesario.

“Aún estamos trabajando en los números finales”, indicó Susinos a los periodistas, explicando que las regiones más afectadas por ataques de lobos durante el 2024 han sido identificadas claramente, señalando la comarca de Campoo como la que ha sufrido mayor cantidad de incidentes, con 500 ataques confirmados, lo que representa el 20% del total en la región.

La consejera también mencionó que se está elaborando un nuevo Plan de Gestión del Lobo, ya que el que está vigente ha quedado obsoleto. Este se presentará en una reunión programada para el próximo 28 de marzo, donde se discutirá la actualización de las indemnizaciones por daños y la nueva zonificación para incluir más municipios que tendrán derecho a compensaciones por servicios ambientales.

Susinos enfatizó que esta iniciativa es un triunfo colectivo entre el Gobierno y el sector ganadero. Criticó la gestión previa del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que la decisión de proteger al lobo en 2021 había generado una situación insostenible para los ganaderos, quienes han visto cómo los ataques a su ganado han aumentado dramáticamente.

No obstante, los ganaderos han expresado su deseo de coexistir con el lobo, siempre que exista un equilibrio que permita mantener control sobre la población de este depredador. Reconocen que el periodo reciente sin extracciones ha resultado perjudicial para la agricultura extensiva, con cifras alarmantes de ataques a ganados.

En la rueda de prensa, los ganaderos, respaldados por organizaciones agrarias y cooperativas, han calificado la jornada como “histórica”, subrayando la importancia de la resolución que se anunciará en el BOC. Esta medida es considerada crucial para hacer frente a la complicada situación que han enfrentado los últimos años, poniendo en riesgo su actividad.

Entre los testimonios, uno particularmente conmovedor fue el de un joven ganadero de 12 años, Andrés, quien compartió su experiencia tras perder numerosos ejemplares de su rebaño. Sus palabras res resonaron en la sala, reflejando la angustia que viven las familias dedicadas al sector primario, destacando cuán vital es la decisión de actualizar la regulación sobre el lobo.

Andrés, con la voz entrecortada, compartió su desconsuelo por los ataques sufridos por su familia y enfatizó la relevancia de la nueva normativa. "Hemos logrado algo importante, pero todavía es poco", afirmó, representando el sentir de muchos que ven en esta decisión una esperanza renovada para el futuro de la ganadería en Cantabria.