La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la región "no se va a callar" frente a la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez. En respuesta a esto, el Gobierno de Cantabria (PP) ha anunciado que pondrá en marcha todas las acciones judiciales posibles y presentará un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la ley. Además, ha solicitado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para que los mandatarios de las comunidades se pronuncien sobre el alcance de estos acuerdos.

Según Buruaga, su Gobierno no acepta que el futuro de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. La presidenta considera este acuerdo una traición a la Constitución y a la autonomía de la región, ya que otorga privilegios a Cataluña que afectan a la economía y bienestar de Cantabria.

En este sentido, Buruaga ha señalado que a partir de este acuerdo se dificulta la exigencia de las legítimas aspiraciones de la comunidad, como solucionar las carencias en infraestructuras, mantener su posición en el sistema de financiación autonómica y combatir las amenazas sobre la industria. Por eso, el Gobierno regional pondrá en marcha todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para dejar sin efecto los acuerdos entre Sánchez y los independentistas, uniéndose a las demás autonomías.

Buruaga ha destacado que el hecho de que Sánchez ceda ante el chantaje de los independentistas tendrá consecuencias para todos los españoles y considera que ha llegado el momento de construir una alianza entre las comunidades. Para garantizar los derechos de los cántabros, la jefa del Ejecutivo autonómico también acudirá al Comité Europeo de las Regiones.

La presidenta ha remarcado que este acuerdo desacredita a todas las instituciones españolas y ha superado las peores expectativas. Afirma que se ha avanzado en los postulados y objetivos independentistas a costa de la igualdad, dignidad y Estado de Derecho. Este acuerdo, pactado a espaldas de los españoles, ha sido calificado por Buruaga como el mayor abuso institucional de los últimos 50 años.

Ante esto, Buruaga ha llamado a una reacción firme, valiente y cívica de suma de fuerzas institucional, legal, política y social. La igualdad y la solidaridad no son negociables, y no se permitirá que se pisoteen los derechos de los ciudadanos, que según la presidenta se traducen en hospitales, colegios, servicios para personas en situación de dependencia, infraestructuras y oportunidades de empleo.