En lo que va del año, se han llevado a cabo alrededor de cien inspecciones relacionadas con viviendas de uso turístico, resultando en once denuncias hasta la fecha.

En un informe del 3 de julio, desde Santander, se revela que la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha abierto un total de 90 casos sobre este tipo de alojamientos durante 2024. De ellos, 84 han recibido sanciones, lo que ha permitido al Gobierno recaudar 150.000 euros, según los datos proporcionados.

La labor sancionadora de la Dirección General de Turismo no se ha limitado únicamente a casas de uso turístico, sino que ha abarcado diversos tipos de establecimientos del sector durante el último año.

El año anterior, se registraron 186 expedientes, de los cuales 169 resultaron en sanciones, incluyendo aquellos relacionados con viviendas turísticas.

Este año, se prevé la incorporación de cinco nuevos inspectores, además de un administrativo, para fortalecer el equipo actual, tras las cerca de cien inspecciones llevadas a cabo y las once denuncias impuestas hasta ahora.

Durante el reciente Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta María José Sáenz de Buruaga anunció la finalización de un nuevo decreto para regular las viviendas turísticas. Este documento ha sido enviado al Consejo de Estado para su revisión, y su tramitación ha sido solicitada por “vía de urgencia”.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha señalado que el Gobierno espera la respuesta del Consejo, enfatizando que el decreto es “bueno” y responderá a las necesidades del sector.

Este proyecto legislativo se ha trabajado con un enfoque colaborativo, buscando consensuarlo con todos los actores involucrados, tal como subrayó Abad: “Estamos avanzando junto a todos los agentes en esta cuestión”.

Según lo expuesto por Buruaga en el Debate, el nuevo decreto exigirá un informe de compatibilidad urbanística previo antes de la declaración responsable, e incluirá la obligatoriedad de instalar sistemas de monitorización de ruido y detectores de humo. Además, se permitirá a los Ayuntamientos establecer sus propias limitaciones dentro de sus competencias urbanísticas.

Finalmente, la presidenta también insinuó que está en marcha un nuevo decreto con el objetivo de regular el uso de autocaravanas, el cual se encuentra en su fase final de elaboración.