El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha decidido llevar a cabo acciones legales contra un reciente acuerdo que establece la distribución de menores migrantes no acompañados a lo largo de las comunidades autónomas. Según la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, este acuerdo excede las capacidades de acogida de la comunidad, llegando a ser cinco veces superior a lo que pueden manejar.

Con un sistema de acogida que actualmente cuenta con 212 plazas, de las cuales sólo 36 están destinadas a menores extranjeros, Cantabria se enfrenta a una realidad preocupante. En estos momentos, 22 de estas plazas ya están ocupadas, dejando solo 14 disponibles, una cantidad que se queda corta frente a las 170 que se asignarían a la región según los nuevos lineamientos.

Este reparto, que ha sido calificado de "desproporcionado" por diversos analistas, se deriva de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido Junts, materializado a través de un real decreto ley. La presidenta Buruaga ha subrayado que se trata de un pacto "intolerable", tanto por sus métodos como por sus consecuencias, y se ha comprometido a combatirlo con todos los recursos legales disponibles.

Durante una reciente visita a una quesería en Heras, Buruaga expresó su incredulidad ante las asignaciones desiguales de menores a otras comunidades, contrastando las cifras que les corresponden en comparación con las que se les proponen a otras regiones como Cataluña, el País Vasco o Asturias. Ha denunciado la falta de recursos necesarios para atender dignamente a un número tan elevado de menores en Cantabria.

La presidenta regional enfatizó que el operativo actual es inalcanzable sin más apoyo financiero y estructural. Se requiere una inversión de alrededor de 10 millones de euros al año para garantizar que estos menores reciban la atención adecuada y un mínimo de dignidad en su integración social.

A la espera de una aclaración oficial sobre el reparto y la capacidad de acogida real de Cantabria, los asesores legales de su Gobierno están revisando el decreto para considerar acciones judiciales. En su opinión, esta situación refleja una historia conocida: la presión política sobre las comunidades autónomas por parte del Gobierno central.

Buruaga sostiene que este incidente es un claro ejemplo de cómo el Gobierno de Sánchez intenta deshacerse de problemas complejos transfiriéndolos a las comunidades, sin proporcionar los recursos adecuados para hacerlo. Insiste en que la responsabilidad no termina en la acogida, sino que incluye la atención integral de cada menor hasta su emancipación, lo que hace aún más urgente un financiamiento adecuado.

Finalmente, la presidenta ha reiterado que asumir la responsabilidad de atender a 200 menores resulta completamente inviable, ya sea en términos de presupuesto o de capacidades asistenciales actuales de Cantabria, cerrando con un mensaje claro sobre la seriedad y la responsabilidad que este tema requiere.