El debate en torno a la llegada de 156 menores migrantes no acompañados a Cantabria se intensifica tras las afirmaciones de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, del Partido Popular. Durante su comparecencia, Gómez del Río explicó que el Gobierno regional está tomando medidas para preparar tanto los recursos como el personal necesario para gestionar esta situación, aunque reconoció que aún no hay claridad sobre cómo se realizará el traslado de los menores.

La consejera detalló que, ante la inminente llegada de los menores, el Ejecutivo cántabro ha decidido modificar una orden previamente establecida, lo que permitirá la creación de centros de primera acogida que funcionarán de manera provisional. Este cambio responde a lo que la consejera describió como una “imposición” del Gobierno central, y se enmarca dentro de un real decreto que establece ciertas directrices para su cumplimiento.

Gómez del Río subrayó que la flexibilidad en la normativa permitirá integrar a profesionales como mediadores culturales y acompañantes sociales, con el fin de facilitar la integración y prevenir conflictos entre los menores y la comunidad. “Una medida necesaria para garantizar que los menores, en su mayoría vulnerables, cuenten con el apoyo adecuado durante su reproducción en el sistema de acogida”, afirmó.

La consejera reafirmó el compromiso del Gobierno cántabro de actuar proactivamente, especialmente ante la falta de planificación del Gobierno central. Criticó abiertamente la tendencia a politizar la situación de los menores, manifestando la negativa de Cantabria a convertirse en un peón en juego de poderes. “Nos negamos a que estas vidas sean objeto de negociaciones políticas como ocurre en otras instancias”, sostuvo.

La discusión en el Parlamento de Cantabria se tornó más tensa cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz, cuestionó la transparencia del Gobierno regional en la preparación para la llegada de los menores. Díaz mencionó que en la localidad de Campoo-Los Valles hay una creciente preocupación porque se están llevando a cabo reformas en un antiguo centro de acogida en Polientes, incluyendo la búsqueda de nuevos profesionales para trabajar allí.

En respuesta, Gómez del Río reiteró que “no podemos hacer reparaciones en un centro que no pertenece a la administración”. Sin embargo, Díaz instó a la consejera a ser clara y honesta sobre las implicaciones de esta llegada, advirtiendo que la integración de los menores podría traducirse en un incremento significativo de la población local.

Díaz también expresó su inquietud respecto a las modificaciones normativas, acusando al Gobierno de actuar “a hurtadillas” para reducir los estándares de calidad y seguridad en los centros de menores, eliminando el límite de 24 usuarios por instalación. La portavoz argumentó que esto representa una grave contradicción, ya que el Gobierno muestra un rechazo público al plan de distribución de menores, mientras que al mismo tiempo introduce políticas que facilitan su llegada.

Desde Vox, Díaz denunció lo que perciben como un doble discurso: por un lado, se tranquiliza a la población afirmando que Cantabria no aceptará la llegada de más menores, y por otro, se adoptan medidas administrativas que allanan el camino para su incorporación. “Es una sumisión inaceptable al Gobierno de Sánchez y, además, un intento de engañar a los ciudadanos de Cantabria”, concluyó.