El Gobierno de Cantabria ha dado un paso importante al actualizar los criterios que determinan cuáles municipios en la región se encuentran en riesgo de despoblamiento. Este cambio afecta a 39 municipios, que se han identificado considerando las pautas establecidas por la Unión Europea, las cuales exigen que estos lugares tengan una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Este miércoles, se hizo pública la propuesta de orden en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), marcando un hito en la gestión de la despoblación en la región. La resolución que acompaña el proyecto estará disponible para el trámite de audiencia e información pública durante diez días hábiles a partir de este jueves, lo que permitirá la participación ciudadana en la discusión de este tema tan crucial.

La lista de los municipios que se beneficiarán potencialmente de ayudas y subvenciones por su situación de despoblación incluye numerosas localidades en dificultad. Entre los 39 mencionados están Anievas, Arenas de Iguña, y Hermandad de Campoo de Suso, entre otros. Además de estos, se ha decidido otorgar un tratamiento especial a Tresviso y al Valle de Villaverde, reconociendo las características únicas que les otorgan una posición vulnerable ante la despoblación.

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha llevado a cabo esta orden en un intento de eliminar la confusión que se había generado por la coexistencia de dos normativas distintas. Previamente, Cantabria contaba con una normativa por parte de la Consejería de Presidencia que establecía los criterios de delimitación de los municipios en riesgo, mientras que otra, de la Consejería de Economía, clasificaba anualmente a los municipios como zonas rurales en riesgo a efectos fiscales. Esta situación había generado una falta de claridad sobre la aplicación de las políticas de apoyo.

En el esfuerzo por resolver esta confusión, el Gobierno ya había tomado acciones en 2022 al regular los criterios en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, pero esto no fue suficiente para solucionar el problema. Por ello, el Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento decidió en febrero de este año unificar las normativas existentes, buscando una sola orden que facilite la comprensión y aplicación de las medidas de ayuda.

La nueva orden establece que los municipios en riesgo de despoblamiento no solo serán aquellos con una densidad de población por debajo del umbral europeo, sino que también se considerarán aquellos que cumplan al menos tres de los siguientes cuatro criterios: la variación negativa de su población en la última década, una renta per cápita inferior a la mediana del resto de los municipios, una tasa de envejecimiento superior al 30%, o aquellos con menos de 2.000 habitantes.

Además, se enfatiza que los municipios en riesgo grave de despoblamiento son aquellos con una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado y que cumplen con las condiciones previamente descritas. Es fundamental destacar que Tresviso y el Valle de Villaverde han sido considerados como municipios con un estatus especial, dado su alto grado de ruralidad, el envejecimiento de su población y su ubicación geográfica.

Finalmente, es importante resaltar que esta nueva relación de municipios en riesgo de despoblamiento comenzará a aplicarse en los procedimientos administrativos a partir del 1 de enero de 2025, aunque la orden entrará en vigor tan pronto como se publique en el Boletín Oficial de Cantabria. Este enfoque proactivo busca abordar de manera efectiva el preocupante fenómeno de la despoblación que afecta a tantas localidades en Cantabria.