Una crítica situación ambiental ha surgido en Cantabria, donde se han presentado alegaciones contra dos individuos por el derribo de nidos de aves en régimen de protección especial, específicamente del avión zapador y la golondrina. Este acto ha resultado en la trágica muerte de varias crías en las localidades de Suances y Vega de Pas.

La investigación está centrada en dos casos distintos: uno involucra el desmantelamiento de un nido que albergaba crías de avión zapador (Riparia riparia) y el otro, el derribo de tres nidos de golondrina (Hirundo rustica). Estos nidos estaban ubicados en las fachadas de edificios, lo que pone de manifiesto la falta de consideración hacia la vida silvestre en entornos urbanos.

Las aves afectadas están catalogadas como especies en régimen de protección especial, lo que resalta la gravedad de estos actos. En Suances, se confirmó la muerte de dos crías de avión zapador, aunque una tercera fue rescatada con vida y atendida en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Cantabria, donde finalmente fue reintroducida en su hábitat natural. En Vega de Pas, las crías de golondrina que estaban en los nidos derribados no han sido localizadas hasta el momento.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil inició la pesquisa tras recibir avisos de ciudadanos preocupados por la destrucción de estos nidos, ocurridos en julio. Un nido en Suances fue descubierto por un vecino, quien encontró que de las tres crías solamente una había sobrevivido. Esta fue luego entregada a las autoridades, que la trasladaron al centro de recuperación, mientras que otra cría ya había fallecido.

En Vega de Pas, se informó sobre el vandalismo que resultó en la caída de tres nidos de golondrina desde el alero de una vivienda. Aunque se conoce la ubicación de los nidos, las crías siguen sin ser localizadas, lo que plantea interrogantes sobre el destino de estas aves jóvenes.

Una vez identificados los presuntos responsables de estos actos de vandalismo, SEPRONA ha comenzado el proceso legal en su contra por delitos que atentan contra la flora y fauna, resaltando la importancia de proteger nuestro entorno natural y la biodiversidad que depende de él. La intervención de la comunidad es esencial para la conservación de estas especies vulnerables y la lucha contra los delitos ambientales.