SANTANDER, 16 Nov. - Según el Defensor del Profesor ANPE, se han registrado 13 casos de acoso a docentes en Cantabria durante el pasado curso 2022-2023, la misma cantidad que el año anterior. El sindicato considera esta estabilización como una preocupante señal de que los problemas de conflictividad en los colegios de la región están lejos de ser erradicados.

Entre estos casos, se destaca uno como el más grave hasta el momento. Se trata de una familia conflictiva, cuya madre primero y meses después el padre, ambos con antecedentes, amenazaron de muerte a un profesor por reprender a su hijo en el pasado mes de junio. El alumno en cuestión presenta un comportamiento disruptivo y sigue matriculado en el mismo centro escolar. El docente tuvo que tomar baja médica y denunció los hechos a la Policía. Sin embargo, la Administración educativa ha desaparecido del caso, ya que ni el equipo directivo del colegio ni la Inspección activaron el protocolo correspondiente.

ANPE destaca también los seis casos relacionados con el entorno laboral y/o administrativo, que muchas veces se deben a la burocracia derivada de la aplicación de la nueva Ley de Educación, conocida como LOMLOE. Según el sindicato, el problema más grave radica en el aumento de los casos relacionados con los conflictos entre la Administración y los docentes, debido a la falta de formación y gestión de liderazgo.

En una rueda de prensa, la presidenta de ANPE, Rus Trueba; el vicepresidente del sindicato, Federico de los Ríos; y la defensora del Profesor, Blanca Rivero, presentaron el informe, en el que destacaron la necesidad prioritaria de establecer normas claras que regulen la convivencia escolar. Desde que ANPE creó este servicio gratuito y confidencial en 2005, se ha atendido a 109 docentes, aunque se reconoce que estos casos representan solo una muestra del total.

Los representantes sindicales remarcaron que Cantabria tiene un índice de conflictividad bajo en comparación con el número de docentes de la región, que supera los 6.000. Además, subrayaron que los casos registrados no son de alta intensidad y no existen problemas graves de convivencia en comparación con otros datos a nivel estatal.

En el pasado curso, se atendieron 13 casos, todos ellos en la escuela pública, que es el ámbito de ANPE. Diez de estos casos se produjeron en el primer trimestre, lo cual se atribuye a la implantación de la LOMLOE. Tres de los casos requirieron atención continua durante todo el curso y tres más causaron baja de larga duración, ya que los profesores afectados tuvieron problemas psicológicos y emocionales.

Además, once profesores sufrieron ansiedad y/o depresión, y de los 13 casos, cuatro fueron atendidos por el servicio jurídico de ANPE. Estos casos se distribuyeron en Educación Infantil (1), Primaria (3), Secundaria (6) y Formación Profesional (3). Respecto a la procedencia, cinco casos fueron relacionados con alumnos, tres con familias y los seis restantes se enmarcaron dentro del entorno laboral o administrativo.

Entre los problemas más destacados se encuentra la presión para modificar calificaciones e informes, dificultades para impartir clases y faltas de respeto y amenazas por parte de alumnos y familias.

Ante esta situación, ANPE ha solicitado la formación y regulación de un perfil profesional adecuado para atender y resolver las necesidades de los centros educativos. Asimismo, han reiterado su petición de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar a nivel nacional.

En cuanto a Cantabria, que cuenta con la Unidad Técnica de Mediación en el ámbito docente, el sindicato ha pedido modificar el decreto que regula los planes de convivencia de los centros para que la Administración actúe de oficio y pueda atender casos extremadamente graves, como el mencionado caso del profesor amenazado de muerte que tuvo que contratar un abogado. Según Trueba, no se puede seguir ignorando esta situación y los docentes deben saber que la Consejería de Educación está detrás asesorándoles y apoyándoles.

Además, el sindicato pide revisar la clasificación de los centros de difícil desempeño para tener en cuenta el contexto social, ya que actualmente solo se incluyen aquellos rurales con baja densidad de población y en riesgo de despoblamiento. Según ANPE, la carga de la escuela pública por las demandas sociales está recayendo cada vez más sobre los docentes. Por tanto, se solicita una urgente reducción de las ratios, desburocratización y disminución de la carga horaria y lectiva.