En una decisión polémica, el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, llevada a cabo por el PP y Vox en el Parlamento regional.

La ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció esta medida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicando que el recurso se presentó ante el Constitucional al no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria.

La derogación de esta ley, efectiva desde noviembre, fue impulsada por el PP y Vox en el Parlamento regional, desatando críticas y debate en la región.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendió la derogación de la ley argumentando que no hubo consenso en su creación y que la norma nació muerta, sin alcanzar los objetivos de reparación a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura.

El PP de María José Sáenz de Buruaga incluyó en su programa electoral la derogación de esta ley, apoyada por Vox, quienes consideraban la norma un ataque a la convivencia y a las libertades democráticas en la región.

La Ley de Derogación consta de tres artículos y una disposición transitoria única, estableciendo la regulación de exhumaciones en base a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998, así como la custodia de material documental relacionado con la represión política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura bajo la Ley de Archivos de Cantabria de 2002.

La disposición transitoria única aborda los procedimientos iniciados al amparo de la ley derogada, estableciendo que se regirán por la normativa en virtud de la cual fueron iniciados.