El Gobierno de Cantabria ha emitido un informe ambiental que se posiciona en contra del ambicioso proyecto del parque eólico Corus, el cual contempla la instalación de diez aerogeneradores con una capacidad total de 66 megavatios. Esta decisión, que podría tener un impacto significativo en el desarrollo energético de la región, ha levantado inquietudes sobre la viabilidad del mismo.

La iniciativa es promovida por la empresa Global Vidulante y afectará a diversos municipios, entre los que se incluyen Ampuero, Guriezo, Liendo, Limpias, Rasines, Voto, Ruesga y Solórzano. El alcance del proyecto y su potencial para contribuir a una matriz energética más sostenible se ven, sin embargo, cuestionados por las implicaciones que acarrea para el medio ambiente local.

Este lunes, los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, compartieron detalles sobre el informe en una rueda de prensa. Ambos recordaron que, dado que se trata de un proyecto de tramitación estatal, el informe emitido por el Gobierno de Cantabria no es vinculante. Por lo tanto, será el Ministerio para la Transición Ecológica quien tenga la última palabra sobre la autorización del mismo.

El documento emitido por los técnicos del Gobierno de Cantabria cita una serie de "carencias muy relevantes" encontradas en el Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue enviado a la Consejería de Desarrollo Rural por la Delegación del Gobierno en Cantabria el 16 de octubre de 2024. El análisis no ha pasado desapercibido, señalando la falta de rigor y detalle en la evaluación.

Los expertos han calificado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el promotor como "poco detallado, muy genérico e impreciso", afirmando que su calidad se encuentra por debajo de lo mínimo que se exige para un proyecto de tal magnitud. Esta evaluación ha llevado a cuestionar la idoneidad de la propuesta en el contexto actual de necesidad de soluciones energéticas sostenibles.

Adicionalmente, el informe de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático considera la evaluación de impactos que acompaña al proyecto como "incorrecta, claramente infravalorada y sesgada". Este análisis pone especial énfasis en las repercusiones sobre los espacios naturales protegidos, la fauna aviar, los murciélagos, así como sobre especies y hábitats en riesgo, sin olvidar la afectación al paisaje y patrimonio cultural de la región.

Los técnicos han clasificado muchos de los impactos como "severos e incluso críticos", lo que refuerza la postura desfavorable expresada en el informe. Este contexto resalta la urgencia de desarrollar proyectos renovables que no solo sean sostenibles desde un punto de vista energético, sino que también respeten la biodiversidad y el entorno local.

Además, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha dejado clara su posición en contra de la autorización, citando la "importante afección, insuficientemente evaluada" que el proyecto podría tener sobre el paisaje. Este aspecto es conseguido más relevante en una zona donde habita una masa poblacional considerable y donde hay significativos recursos turísticos y vías de comunicación, lo que plantea interrogantes sobre la armonización entre crecimiento económico y conservación ambiental.