El Juzgado permite contratar a empresas implicadas en la trama de Obras Públicas.
La jueza encargada del caso de la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas en Cantabria ha rechazado la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Cantabria para prohibir la contratación de las empresas involucradas en el caso. El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, dirigido por Mercedes Compostizo, ha notificado el auto a las partes involucradas y ha sido confirmado por fuentes cercanas a Europa Press.
En marzo, la misma jueza aceptó la petición del Ejecutivo cántabro, que actuó como parte afectada, para incluir en la causa a las empresas investigadas, ya que solo figuraban sus responsables como personas físicas. El objetivo de incluir a las empresas en la causa era evitar que participaran en contratos que estaban en licitación y en los que había participado el jefe del Servicio de Carreteras, que actualmente se encuentra en prisión provisional. La investigación detectó posibles hechos ilícitos en cerca de diez expedientes que estaban en marcha y debían ser adjudicados.
Tras una vista que abordó las medidas cautelares, la jueza finalmente ha rechazado la petición del Gobierno de Cantabria de prohibir que se contrate a las sociedades implicadas en la trama. Entre las empresas implicadas se encuentran Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad.