La Asociación de Prensa (AP) ha incluido la declaración del exalcalde de Santoña, Sergio Abascal, en el caso contra la también exalcaldesa de la localidad, Puerto Gallego, y ocho concejales de su equipo de gobierno. Todos ellos fueron inhabilitados por prevaricación administrativa debido al fraccionamiento de contratos durante su mandato en el Ayuntamiento.

La comparecencia de Abascal como testigo está programada para el 28 de febrero, según fuentes jurídicas. Esta decisión se debe a la nueva prueba testifical y documental solicitada por las defensas de Gallego y sus concejales, la cual había sido denegada por la jueza titular del Juzgado de lo Penal 1 de Santander al comienzo del juicio.

La Sección Primera de la AP, a petición de los abogados defensores, también ha aceptado la inclusión de varios documentos relacionados con la contratación pública llevada a cabo durante el mandato de los procesados, así como los expedientes de las empresas que brindaban servicios al Ayuntamiento.

Esta nueva evidencia solicitada por las defensas será admitida como parte del juicio, que tuvo lugar en noviembre de 2021 en el complejo judicial de Las Salesas.

Gallego fue condenada a cinco años de inhabilitación, mientras que sus concejales socialistas recibieron una pena de cuatro años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el ámbito municipal. Estos concejales fueron acusados de aprobar el pago de facturas a pesar de las objeciones del interventor municipal.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha aceptado la declaración del exalcalde Sergio Abascal como testigo, a pesar de que esta solicitud había sido inicialmente denegada por la jueza de primera instancia. Los apelantes argumentaron que Abascal podría ofrecer información relevante sobre el comportamiento de los procesados durante el periodo enjuiciado, ya que él estaba presente en el Ayuntamiento en ese momento y continuó allí después.

Además, la AP ha admitido la prueba documental solicitada por los abogados defensores, que intentaron presentarla al comienzo del juicio pero fueron objetados por la jueza.

Los documentos en cuestión se refieren a contrataciones públicas realizadas durante el mandato de los acusados en el Ayuntamiento de Santoña, así como a los expedientes de las empresas contratadas y la fecha en que comenzaron a prestar servicios municipales.

Estos documentos también abordan cuestiones más detalladas, como la participación de los recurrentes en diferentes juntas de gobierno y otros aspectos de los expedientes, como el tiempo dedicado a su tramitación o si hubo retrasos debidos a razones ordinarias o extraordinarias.

La Sala destacó que la ley no establece un plazo límite para la presentación de documentos, especialmente cuando se trata de pruebas de la defensa. Por lo tanto, consideraron que no había motivos para rechazar estas pruebas propuestas debidamente.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Santander, emitida dos días después del juicio, fue apelada por todos los acusados y las alegaciones no se notificaron en su totalidad hasta la primavera posterior.

La juez de primera instancia determinó que todos los acusados eran conscientes de la arbitrariedad y la ilegalidad de sus resoluciones. Además, señaló la atenuante de dilaciones indebidas en este caso, que tardó casi veinte años en ser juzgado y más de una década en ser investigado.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el exconcejal Leoncio Calle Pila de Falange, por actuaciones cometidas entre 2003 y 2009. El Partido Popular también se sumó a la acusación, pidiendo ocho años de inhabilitación, la misma pena solicitada por el fiscal. Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron su absolución.

El juicio, inicialmente programado para 2019, se suspendió debido a la falta de cinco cajas de documentación con más de 6.000 páginas. Luego, fue pospuesto nuevamente en abril de 2020 debido a la pandemia de Covid y en diciembre de ese año debido a problemas de agenda de los abogados defensores.