El Gobierno de Cantabria se hace cargo de la carga burocrática de la cotización de los estudiantes de Formación Profesional (FP) que realicen prácticas en empresas. El consejero Sergio Silva y la directora general Cristina Montes se reunieron con el comité permanente de directores de centros de Secundaria con FP para anunciarles esta medida.

Montes explicó que la Dirección General y la CEOE-CEPYME se encargarán de esta situación a través de un acuerdo de colaboración, a pesar de que 14 comunidades autónomas han solicitado una moratoria debido a la falta de criterios técnicos claros después de una reunión con la Tesorería General del Estado.

Los centros concertados podrán gestionar directamente este aspecto con la CEOE a través de un acuerdo con la Consejería. Tanto el consejero como la directora general han transmitido tranquilidad a los equipos directivos de los centros educativos, a quienes se ha informado detalladamente en las últimas semanas.

Silva explicó que no permitirán que las empresas o los centros se hagan cargo de esta situación, ya que podría colapsar el sistema. Además, señaló que no se han aclarado los mecanismos jurídicos y de gestión de esta medida después de una reunión técnica con el Ministerio de Formación Profesional, la Tesorería General de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Los miembros del comité permanente manifestaron su preocupación y plantearon diversas dudas relacionadas con la Formación Profesional en Cantabria, donde hay estudiantes protegidos por mutualidades, con prestaciones contributivas de incapacidad permanente o sin NIE, entre otras situaciones.

Montes afirmó que, a pesar de la preocupación, asumirán el trabajo administrativo de dar de alta y baja en la Seguridad Social a los cerca de 7.000 estudiantes de FP que realizan prácticas en Cantabria, asumiendo un costo estimado de 300.000 euros anuales en función del número de alumnos que realicen prácticas en empresas.

El consejero también destacó el descontento general de los centros educativos, universidades, empresas y gobiernos autonómicos por la forma en que se ha implementado esta medida, más que por el hecho de que los estudiantes coticen. Consideran que el sistema adoptado por el Gobierno central es inconsistente y poco viable.