Hoy, el Pleno del Parlamento de Cantabria ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la DANA, así como en reconocimiento al esfuerzo y dedicación de las fuerzas del Ejército y los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los numerosos voluntarios que han trabajado incansablemente para ayudar a quienes han sufrido pérdidas devastadoras.

Sin embargo, este acto de solidaridad ha estado enmarcado por una política cargada de controversia, ya que se ha llevado a cabo la derogación de la Ley de Memoria Histórica de la comunidad autónoma. Este importante cambio legislativo ha sido impulsado por el Grupo Popular y Vox, quienes argumentan que la normativa no abarca a todas las víctimas y consideran que es un ataque a la convivencia social. En oposición, los representantes del PRC y el PSOE han expresado su preocupación por que "sin memoria no hay futuro".

El Pleno ha rechazado las enmiendas de modificación presentadas por los regionalistas y socialistas, con 19 votos a favor de los populares y Vox frente a 16 en contra de PRC y PSOE. Esta acción refleja un profundo desacuerdo en la interpretación de la historia y su relevancia en la actualidad.

La presidenta de la Cámara cántabra, María José González Revuelta, subrayó el significado del minuto de silencio como un gesto de unidad y reconocimiento hacia todas las personas que enfrentan las consecuencias de desastres naturales, antes de abordar el polémico tema de la derogación de la ley. Desde la tribuna, el diputado del PP, Íñigo Fernández, se refirió a esta decisión como un compromiso de su partido durante la campaña electoral, afirmando que la ley actual representa un "auténtico ataque" a la libertad de expresión y a la convivencia social.

Fernández además ha señalado que esta norma diferenciaba entre las más de 3.000 personas que sufrieron represalias en Cantabria, creando categorías de víctimas que, según él, resultan en un doloroso clasismo. Para el diputado, todas las víctimas merecen ser recordadas en igualdad de condiciones, sin distinciones basadas en ideologías políticas o creencias personales.

A pesar de la derogación, Fernández ha afirmado que se compromete a ayudar a cualquier familia que desee llevar a cabo un proceso de exhumación y que no reciba la respuesta adecuada por parte de la administración. Con un tono conciliador, se ha mostrado disponible para atender a aquellos en busca de justicia histórica.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha calificado este como un "día muy importante para Cantabria", afirmando que la derogación es un paso necesario para reparar la "fractura social" que, según ella, fue causada por los socialistas y regionalistas en 2021 con su versión "partidista" de la historia.

Díaz ha arremetido contra lo que considera un enfoque totalitario en la ley que, a su juicio, suprime la libertad bajo el pretexto de establecer un relato histórico oficial. Ha insistido en la necesidad de incluir a todas las víctimas en el proceso de memoria, argumentando que nadie debe ser excluido.

Contrario a esta postura, los regionalistas han expresado que este giro en la política representa un "día muy duro", lamentando la pérdida de una norma que buscaba regular las políticas públicas sobre la memoria histórica y democrática en Cantabria. Pedro Hernando, diputado del PRC, ha declarado que la derogación se basa en "la mentira" y ha criticado la decisión de los populares de eliminar la ley en su totalidad, dejando de lado aspectos importantes que debían continuar vigentes.

Hernando ha advertido que la derogación compromete el respeto a los principios fundamentales de la Ley de Memoria Histórica y ha subrayado que no habrá presupuesto para garantizar la exhumación ni para la preservación de documentos relevantes, dejando así un vacío en el esfuerzo por la reparación de las víctimas.

Con un fuerte énfasis en la importancia de la memoria, Hernando ha recordado que "sin memoria no hay futuro" y que el legado de las víctimas permanece vivo, afirmando que el Parlamento no puede simplemente abolirlo. Esta idea fue también respaldada por el portavoz del PSOE, Pablo Zuloaga, quien se opuso vehementemente a la derogación durante una sesión marcada por el duelo de quienes aún buscan respuestas respecto a sus seres queridos desaparecidos.

Zuloaga ha enfatizado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática representa un avance crucial hacia la justicia y el reconocimiento de las injusticias sufridas por las víctimas del franquismo. La posible derogación, ha advirtió, podría considerarse "anticonstitucional". Ha recordado a los representantes del Parlamento que hay aproximadamente 7.000 familias en Cantabria que aún no conocen el paradero de sus muertos, instando a una reflexión sobre el costo moral de eliminar la memoria colectiva.

Finalmente, Zuloaga dejó claro que, a pesar de los intentos de silenciarla, la historia es irrefutable. "Derogaréis, pero no convenceréis", afirmó, asegurando que continuarán luchando por la dignidad y el reconocimiento de todas las víctimas del franquismo en la región.