El Tribunal Constitucional de España ha tomado una importante decisión en su última sesión al aceptar los recursos que han sido presentados por las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria y Extremadura. Este movimiento se da en el contexto de la controversia sobre el mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados, un tema que también fue objeto de una impugnación por parte del gobierno regional de Madrid dirigido por Isabel Díaz Ayuso.

Los recursos legales se centran en el Real Decreto-ley 2/2025, que fue aprobado el pasado 18 de marzo con el objetivo de establecer medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de migración extraordinaria. Sin embargo, los gobiernos autonómicos argumentan que este decreto no solo infringe preceptos constitucionales relacionados con la legislación sobre derechos fundamentales, sino que también afecta la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, así como los principios de autonomía y solidaridad que deben regir en estos casos.

Este pronunciamiento se suma al anterior acuerdo del Tribunal, que en abril ya había admitido el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el mismo decreto. En esa ocasión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, criticó abiertamente el mecanismo de reparto, al calificarlo de "discrecional" y afirmar que había sido negociado con el partido Junts como parte de una estrategia política para asegurar los votos necesarios para que Pedro Sánchez mantenga su posición en La Moncloa.

Según el análisis de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el decreto en cuestión es inconstitucional ya que invade competencias que son exclusivamente del gobierno regional. El texto establece que la responsabilidad de la recepción y acogimiento inicial de menores extranjeros corresponde a aquellas comunidades que tienen esta función asumida en su legislación sobre protección de menores.

Además, se sostiene que el decreto contradice el principio de solidaridad y cooperación entre administraciones, dado que su implementación se llevó a cabo sin el consenso de las comunidades autónomas. También se pone de relieve la falta de apoyo financiero por parte del gobierno central, lo que impide que las comunidades puedan garantizar la atención adecuada a los menores desplazados.

Por último, el Partido Popular cuestiona la fundamentación del real decreto, alegando que su enfoque de reparto de menores migrantes no acompañados es arbitrario y no prioriza adecuadamente el bienestar de los niños, lo que despierta aún más inquietudes sobre su implementación.