En un nuevo capítulo de la controversia ambiental en Piélagos, Ecologistas en Acción ha hecho un llamado urgente al alcalde Carlos Caramés para que proceda al cierre definitivo de la cantera de La Verde, situada en la localidad de Arce. Esta petición se produce tras la reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de España de la orden de clausura emitida anteriormente.

El Tribunal Supremo, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la empresa Laherrán S.A., que explota la cantera. Con esta decisión, el alto tribunal respalda la medida tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que había decretado el cierre de la operación hace casi un año.

La resolución que se ha confirmado por el Supremo pone fin a los intentos de Laherrán de retrasar la ejecución de la orden municipal de clausura, una acción que la empresa había justificado mediante medidas cautelares. Sin embargo, el Supremo ha encontrado que dicha solicitud carecía de fundamento y no presentaba un interés que justificara seguir adelante con el caso, lo que ha llevado a la imposición de costas procesales de hasta 500 euros a la compañía.

Ecologistas en Acción ha tomado la iniciativa de publicar esta providencia, que data del pasado 9 de julio, para insistir nuevamente en la necesidad de cerrar inmediatamente las operaciones de Laherrán en la cantera de Arce. Esta solicitud, que ha encontrado apoyo entre algunos vecinos de la zona, se vuelve más urgente dado que la empresa continúa funcionando a pesar de la clara resolución del Tribunal Supremo.

La organización conservacionista subraya que Laherrán ha operado de manera ilegal durante 75 años, desde 1950, y destaca que actualmente carece de las licencias municipales necesarias para llevar a cabo sus actividades, así como de la Declaración de Impacto Ambiental, que ha sido requerida desde hace más de tres décadas.

Ecologistas en Acción ha recordado que la empresa fue denunciada por primera vez en 2009 por el Seprona, y que desde 2015 han acumulado diversas denuncias a instancias de los vecinos preocupados por el impacto ambiental de la cantera. Un año después, el Ayuntamiento de Piélagos declaró la actividad de Laherrán como "clandestina" y aprobó la clausura hasta que se regularizara, abriendo un expediente sancionador por violaciones urbanísticas graves.

No obstante, esta decisión municipal ha quedado en suspenso debido a los recursos sucesivos interpuestos por Laherrán, los cuales han sido desestimados por la justicia. Los ecologistas expresan su frustración ante la inacción de la alcaldía para cerrar la cantera, a pesar de las numerosas denuncias y sentencias judiciales que corroboran la ilegalidad de la operación.