El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado una condena de cinco años de inhabilitación contra el juez Luis Acayro Sánchez, quien se encuentra en el centro de un caso de prevaricación judicial tras emitir decisiones perjudiciales para un abogado local que lo había denunciado, en conjunto con el Colegio de la Abogacía.

El Tribunal Supremo ha programado para el próximo 10 de junio la deliberación y la resolución sobre los recursos que impugnan esta sentencia del TSJC. Este anuncio fue comunicado en una providencia emitida el 21 de abril y que ha llegado a conocimiento de la prensa.

La sentencia del TSJC, que sancionó a Acayro por sus resoluciones en contra del abogado José María Real, quien se querelló contra él, genera múltiples reacciones. La Fiscalía y los acusadores privados, junto a la defensa, han planteado recursos ante el Supremo, buscando revocar la condena.

Expertos legales han interpretado que la decisión del Tribunal Supremo de abordar el caso sin una vista, como había solicitado la defensa, puede ser un indicativo de que se desestimarán los recursos presentados por las partes acusadoras.

El caso giró en torno a decisiones del juez Acayro sobre el vínculo contractual del abogado con el Ayuntamiento de Castañeda. El TSJC concluyó que Acayro actuó de manera manifiestamente injusta al solicitar información sobre contrataciones externas realizadas por dicho ayuntamiento, además de la aportación de contratos menores relacionados con esas gestiones.

El tribunal no solo inhabilitó a Acayro, quien perderá su cargo, sino que también le impuso una multa de 2.700 euros y una indemnización de 5.000 euros a favor del querellante. Aunque se reconoció el delito de prevaricación, se desestimó la petición de un delito continuado, a pesar de que Fiscalia y el Colegio de la Abogacía habían solicitado una pena mucho más severa.

El caso se origina en varias resoluciones emitidas por Acayro entre 2017 y 2019, cuando era titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Santander. Este proceso ha llevado a que, ante la apelación de Acayro, el Tribunal Supremo se disponga a tomar una decisión en la fecha mencionada, con un panel de jueces que incluye a Andrés Martínez Arrieta como presidente del tribunal.

A partir de esta condena, Acayro ha estado sometido a una suspensión cautelar de sus funciones durante 37 meses, decisión que se tomó por el Consejo General del Poder Judicial tras el inicio del juicio oral en noviembre de 2022.

Este no es el primer incidente judicial en el que se ve implicado Acayro. Hace quince años, estuvo involucrado en una investigación por irregularidades urbanísticas en Castro Urdiales y previamente fue juzgado por un asunto relacionado con la revelación de secretos de un constructor, del cual inicialmente fue condenado, pero posteriormente absuelto por el Tribunal Supremo.

Además, Acayro había impugnado la elección de José Luis López del Moral como presidente del TSJC, recurso que también fue desestimado, complicándose aún más su situación dentro del ámbito judicial.