SANTANDER, 24 Sep. - El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha detenido el derribo de 86 viviendas en Argoños, 78 en la urbanización Pueblo del Mar y ocho en La Llana 2, después de considerar el incidente de inejecución de sentencias presentado por el Gobierno regional, el Ayuntamiento y las respectivas comunidades de propietarios.

En dos decisiones judiciales enviadas a las partes, según lo informado este domingo por el Gobierno de Cantabria, el tribunal tiene en cuenta el argumento de que ambas promociones tienen validez legal en el planeamiento urbanístico actual, mientras que el Tribunal Supremo no resuelva el recurso contra la anulación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Este plan, que fue declarado nulo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y ha sido impugnado por el Gobierno regional ante el Tribunal Supremo, es el que respalda legalmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, aprobado este año, que también respalda las licencias emitidas para estas viviendas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha aceptado la inejecución de las sentencias debido al daño que podría causarse si el Tribunal Supremo confirma la legalidad vigente del PORN, PGOU y, en consecuencia, de las licencias emitidas.

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha considerado que esta noticia es un "alivio" y un "respiro" para los propietarios de estas viviendas, y ha reiterado el compromiso de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, de encontrar una solución definitiva al problema de los derribos en esta legislatura.

En este sentido, afirmó que el Gobierno regional seguirá trabajando "rápida y eficientemente en la gestión" para, en primer lugar, intentar regularizar urbanísticamente donde sea posible; en segundo lugar, proporcionar una casa de reemplazo donde no sea posible esta alternativa y, en última instancia, compensar económicamente.

Media transmitió el apoyo del Gobierno cántabro a los afectados y les dijo que "no están solos" en su lucha por resolver esta "situación tan injusta" que han estado enfrentando durante más de dos décadas.