La situación en el 'caso de los sobresueldos' de Castro Urdiales ha tomado un giro inesperado, ya que algunas defensas han solicitado la suspensión del procedimiento a causa de la tardanza del fiscal para presentar su escrito de acusación. Esta solicitud se debatirá en la audiencia programada para el próximo martes, donde se espera que la jueza tome una decisión al respecto.

SANTANDER, 14 de noviembre.

El juicio, que dio inicio este jueves, se ha visto marcado por la notable ausencia de una de las exconcejalas acusadas, Elisa Dopico. Además, la causa relacionada con el funcionario Pedro Luis Arroyuelos fue archivada debido a que presenta un deterioro cognitivo significativo. Como resultado, el número de imputados en este caso ha pasado de 14 a 13, entre los cuales se incluyen a ocho exediles, así como a los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, todos ellos enfrentando serias acusaciones de malversación de fondos públicos y prevaricación.

En la primera sesión, donde se llevaron a cabo las cuestiones previas ante la Audiencia Provincial de Cantabria, los representantes legales de los acusados hicieron hincapié en el derecho a un juicio justo, argumentando que la falta de presencia de Dopico podría causar una "indefensión" tanto para ella como para los demás acusados. Además, cuestionaron la dilación en la presentación del escrito acusatorio, que ha registrado una espera de cinco años, aunque el fiscal ha defendido que este argumento "no refleja la realidad" de los acontecimientos.

Después de un receso de media hora dedicado a deliberaciones sobre las solicitudes planteadas por los abogados, la Sala decidió posponer su veredicto hasta el martes 19. Esta decisión también provocó un ajuste en el calendario del juicio, adelantando la comparecencia de los primeros testigos de las 9:30 a las 9:10 horas.

El proceso judicial está programado para extenderse a lo largo de 16 sesiones, donde se abordarán diversas irregularidades ligadas a la contratación de personal en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, además del pago de retribuciones indebidas a funcionarios. Este caso, que se remonta a eventos ocurridos entre 1991 y 2011, ha acaparado la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y la implicación de figuras significativas de la política local.

La jueza ha determinado que la resolución de las cuestiones previas se posponga hasta el martes también en consideración a la indefensión que podría experimentar Elisa Dopico. Su abogado ha comunicado que su ausencia se debió a un problema médico específico, el cual planea justificar, y la Guardia Civil se encargará de notificarle una nueva citación para la próxima sesión. En caso de que Dopico no se presente nuevamente, se explorará la posibilidad de emitir una orden de búsqueda y captura.

Elisa Dopico, junto con otros concejales acusados, arriesga una pena de cinco años de prisión y 18 años de inhabilitación por haber aprobado los presupuestos de 2008 y 2009 a pesar de los advertencias del interventor municipal, que indicaban la existencia de pagos ilegales. En cuanto a los exalcaldes, la Fiscalía ha solicitado en su caso penas aún más severas, alcanzando hasta nueve años de prisión y 27 de inhabilitación.

En una resolución que sí se adoptó este jueves, la jueza puso fin a la causa contra Pedro Luis Arroyuelos, aceptando el argumento de su defensa, que sostuvo que el funcionario padece un deterioro cognitivo moderado. En cambio, el exalcalde Rufino Díaz Helguera también había solicitado el archivo de su caso por razones similares, pero en su caso se ha decidido que será evaluado por un médico forense antes de permitirle ausentarse del juicio.

Los abogados también han planteado solicitar que los acusados solo estén presentes en las sesiones que sean estrictamente necesarias, una cuestión que será deliberada por la Sala en la misma futura audiencia. Los exconcejales que se enfrentan a estas acusaciones incluyen a José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández e Iván González, quien fue alcalde posteriormente a los hechos en cuestión.

Otros imputados en el caso son los exalcaldes Rufino Díaz y Fernando Muguruza; el secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, quien habría intervenido en la contratación de su propia hija, y el funcionario Gregorio Alonso, acusado de cobrar indebidamente un complemento personal.

Las defensas han abogado por el archivo de este procedimiento basándose en la tardanza del fiscal para presentar su escrito, indicando que el auto que transformó el procedimiento abreviado data de junio de 2015, mientras que el escrito de acusación llegó hasta agosto de 2020. Argumentan que esta demora no puede ser justificada, ya que "no se trata de un retraso de días o meses", y sugieren que una reparación "moral" no es suficiente; abogan por la nulidad del auto de apertura del juicio oral como consecuencia inmediata.

El Ministerio Público, por su parte, ha contrarrestado las afirmaciones de las defensas, sosteniendo que los cinco años de delay alegados no son una realidad, ya que hubo múltiples resoluciones y recursos pendientes, además de un análisis exhaustivo de 18 tomos referidos al caso. De acuerdo con el fiscal, el escrito acusatorio no es un "totum revolutum", sino que expone de forma clara y concatenada los hechos ocurridos.

Según el dictamen de la Fiscalía, Rufino Díaz Helguera, quien ocupó el cargo de alcalde entre 1991 y 2003, realizó contrataciones de personal a su conveniencia, sin seguir los procedimientos correspondientes. Su sucesor, Fernando Muguruza, continuó con estas prácticas ilegales sin un proceso de selección, extendiendo estas contrataciones arbitrarias a otros servicios municipales.

El informe del fiscal indica que, entre otros abusos, en algunos casos se promovieron a funcionarios sin la titulación idónea para ocupar puestos de mayor categoría. En resumen, el Ayuntamiento de Castro Urdiales habría realizado pagos ilegales que suman cerca de 120.000 euros en conceptos como bolsas de Navidad, además de 110.000 euros en otras partidas y un asombroso total de 1,9 millones de euros en ayudas a funcionarios durante el periodo de 2000 a 2010.

A pesar de los reparos planteados por el interventor municipal en relación a estas partidas, los concejales imputados continuaron aprobando los presupuestos municipales de 2008 y 2009 sin tener en cuenta estas advertencias. Además, se le atribuyen responsabilidades al secretario municipal por no abstenerse en la contratación de su hija, lo cual representa una clara violación de sus obligaciones legales.