En un caso alarmante que ha sacudido a la comunidad de Ramales de la Victoria, tres individuos, dos hombres y una mujer, están siendo procesados por un violento secuestro y robo. La Fiscalía ha planteado una severa condena de once años de prisión para cada uno de ellos, tras los escalofriantes actos que perpetraron contra su víctima.

El juicio, programado para este jueves en la Audiencia de Cantabria, no pudo llevarse a cabo debido a la incomparecencia de uno de los acusados. Esta es ya la cuarta vez que la audiencia se ve obligada a suspender el proceso, una situación que ha suscitado muchas inquietudes sobre el manejo judicial de este caso.

El nuevo desafío ahora es localizar al acusado ausente para poder reprogramar la vista oral en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Durante los últimos meses, el caso ha revelado una serie de sucesos perturbadores que, según la Fiscalía, justifican la severidad de la pena que se busca.

De acuerdo con el relato de la acusación, la víctima fue abordada en Noja, donde los tres acusados lo forzaron a subir a un vehículo. Posteriormente, lo trasladaron a un lugar en Ramales, donde permaneció secuestrado durante dos días. Durante este tiempo, sufrió agresiones físicas y se le exigió el pago de deudas relacionadas con consumo de drogas y servicios de prostitución.

Los verdugos de este hombre lograron que revelara el lugar donde guardaba su cartilla bancaria, pero al ir a buscarla, uno de los sospechosos solo encontró una cantidad irrisoria. Decidido a aprovechar la situación, sustrajo las llaves del automóvil de la víctima y regresó al lugar del secuestro, donde continuaron sometiéndolo a más violencia.

En un intento cruel de adormecer su percepción de la realidad, los acusados proporcionaron a la víctima alcohol y drogas durante el tiempo que estuvo apresado. Finalmente, le dieron la libertad bajo la coacción de firmar un documento que lo comprometía a pagar una deuda de 9.000 euros, usando su propio vehículo como aval.

Con base en esta serie de delitos graves, la Fiscalía ha presentado cargos de secuestro, lesiones y robo con violencia, argumentos que, según la ley, ameritan una robusta sentencia de once años de prisión para cada uno de los implicados. Además, se ha solicitado que los tres acusados respondan solidariamente con una indemnización de 1.826 euros a la víctima, un intento de garantizar alguna forma de justicia ante esta desgarradora historia.